NOTIFICACION POR ESTADO INSPECCION D33 - JUNIO 2023 - PARTE 1

1. ASUNTO A TRATAR

 
 
El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-276935 impuesto en contra del señor LOPEZ URREGO SERGIO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,
 

2. SOBRE LA COMPETENCIA

 
El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
 
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
 
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
 
3. ANTECEDENTES
 
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2  expediente de policía impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30-08-22 al señor LOPEZ URREGO SERGIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000951497  por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
 
Por lo anterior mediante auto de junio 1 de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
 
4. PRUEBAS
 
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-276935 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 5 CALLE 186. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje sobre la carrera 5 con calle 186 video nos impulsa un caso de 03 sujetos muy sospechosos donde en el registro a uno de estos ciudadanos identificado de cédula 1000951497  Lopez urruego se le halla un arma blanca tipo navaja avaluada en 2000” (sic); Descargos: “guarda silencio”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “SI”
 
 
 
 
 
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
 
5.1. COMPORTAMIENTO CONTRARIO OBJETO DE ANÁLISIS:
 
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
 
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
 
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
 
El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.
 
El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.
 
5.2. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO
 
Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
 
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
5.3.  SOBRE LA VIABILIDAD O NO DE INICIAR PROCESO VERBAL ABREVIADO
Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló en debida forma la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
5.4. SOBRE LA VIABILIDAD O NO DE IMPONER MULTA
Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque implica un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas,  también lo es que  una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 8[1] de la norma policiva, se pudo verificar a través de la la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor  ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta  ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, tales como; la exposición constante a ser agredidos, a que los hurten y otras  situaciones que se suscitan por estar sumergidos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.
Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad[2].(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:
 
“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ( lo subrayado y resaltado  en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, dando aplicación a los principios[3] señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.
 
Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor.
De conformidad con todo lo anterior,  ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de  ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.
 
Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;
 
RESUELVE:
 
PRIMERO:  Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor (a) LOPEZ URREGO SERGIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1000951497 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: No iniciar  Proceso Verbal Abreviado de conformidad al artículo 223 A de la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022.
 
TERCERO: NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.
 
CUARTO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, a la dirección física y/o, correo electrónico, para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
QUINTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
 
SEXTO:  Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
SEPTIMO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
CUMPLASE,

                                                                                                   [4]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-340724, impuesto en contra del señor ACOSTA PEREZ HEISON identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-340724 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19 -10 -22 al señor ACOSTA PEREZ HEISON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000887836 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CLL. 187 CON AUTONORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “Mediante registro al ciudadano se le encuentra un arma blanca” (sic); Descargos: “por mi seguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-340724 al señor(a) ACOSTA PEREZ HEISON por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ Mediante registro al ciudadano se le encuentra un arma blanca (sic); Descargos: “por mi seguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-340724 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “por mi seguridad”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 19-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ACOSTA PEREZ HEISON y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ACOSTA PEREZ HEISON mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000887836, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-340724 expediente Orfeo No 2022225490127821E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ACOSTA PEREZ HEISON mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000887836, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [1]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-272938, impuesto en contra del señor AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-272938 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 26 -08 -22 al señor AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020794576 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 4 190. En la descripción del comportamiento se indica: “se le practica un registro a personas al sujeto el cual se le halla un arma cortopunzange tipo cuchillo de cacha blanca de marca tramontana en el lado derecho de la pretina  del pantalón” (sic); Descargos: “para su defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-272938 al señor(a) AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se le practica un registro a personas al sujeto el cual se le halla un arma cortopunzange tipo cuchillo de cacha blanca de marca tramontana en el lado derecho de la pretina  del pantalón (sic); Descargos: “para su defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-272938 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para su defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 26-08-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020794576, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-272938 expediente Orfeo No 20222234901121975E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AMAYA VASQUEZ ANDERSON GABRIEL mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020794576, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [2]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-304064, impuesto en contra del señor APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-304064 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 20 -09 -22 al señor APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1033769064 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 108 CON CALLE 67. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro al ciudadano se le halla en la pletina del pantalón 01 arma blanca corto punzante tipo cuchillo” (sic); Descargos: “el ciudadano está de acuerdo con la medida correctiva y la destrucción del arma blanca corto punzante tipo cuchillo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-304064 al señor(a) APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro al ciudadano se le halla en la pletina del pantalón 01 arma blanca corto punzante tipo cuchillo (sic); Descargos: “el ciudadano está de acuerdo con la medida correctiva y la destrucción del arma blanca corto punzante tipo cuchillo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-304064 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el ciudadano está de acuerdo con la medida correctiva y la destrucción del arma blanca corto punzante tipo cuchillo”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 20-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1033769064, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-304064 expediente Orfeo No 2022225490112154E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) APONTE ESCOBAR JONNY ALONZO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1033769064, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [3]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-256520, impuesto en contra del señor BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-256520 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10 -08 -22 al señor BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020843269 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 140 CON CARRERA 9. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le halla al ciudadano en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo cuchillo.” (sic); Descargos: “es para mi defensa personal.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-256520 al señor(a) BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le halla al ciudadano en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo cuchillo. (sic); Descargos: “es para mi defensa personal.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-256520 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “es para mi defensa personal.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 10-08-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020843269, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-256520 expediente Orfeo No 20222234901115475E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BADILLO PRIETO DANIEL ALEJANDRO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020843269, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [4]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-294625, impuesto en contra del señor BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-294625 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 13 -09 -22 al señor BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020830050 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 15 # CALLE 187-15. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro personal y consulta de antecedentes al ciudadano en mención se le encuentra en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo navaja” (sic); Descargos: “el ciudadano en mención manifiesta que utiliza está para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-294625 al señor(a) BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro personal y consulta de antecedentes al ciudadano en mención se le encuentra en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo navaja (sic); Descargos: “el ciudadano en mención manifiesta que utiliza está para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-294625 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el ciudadano en mención manifiesta que utiliza está para su defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 13-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020830050, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-294625 expediente Orfeo No 2022225490108171E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BALLESTEROS REYES LUIS LEONARDO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020830050, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [5]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-285395, impuesto en contra del señor BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-285395 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06 -09 -22 al señor BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1233696674 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 72 F KR 110 G. En la descripción del comportamiento se indica: “ciudadano en mención se le solicita un registro y su identificación y en el registro corporal de le haya un elemento punzante y o cortante” (sic); Descargos: “es para la defensa tengo problemas”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-285395 al señor(a) BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ ciudadano en mención se le solicita un registro y su identificación y en el registro corporal de le haya un elemento punzante y o cortante (sic); Descargos: “es para la defensa tengo problemas”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-285395 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “es para la defensa tengo problemas”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 06-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1233696674, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-285395 expediente Orfeo No 2022225490104372E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARRERA MENDEZ KEVIN GIOVANNY mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1233696674, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [6]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-326797, impuesto en contra del señor BELTRAN GARZON EDER FABIAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-326797 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09 -10 -22 al señor BELTRAN GARZON EDER FABIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000785110 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 17 KR 10. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje se observa al ciudadano antes mencionado solicitándole un registro a persona hallandole en la pretina izquierda de el pantalón 01 arma blanca.” (sic); Descargos: “por liebres mi agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-326797 al señor(a) BELTRAN GARZON EDER FABIAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de patrullaje se observa al ciudadano antes mencionado solicitándole un registro a persona hallandole en la pretina izquierda de el pantalón 01 arma blanca. (sic); Descargos: “por liebres mi agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-326797 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “por liebres mi agente”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 09-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BELTRAN GARZON EDER FABIAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BELTRAN GARZON EDER FABIAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000785110, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-326797 expediente Orfeo No 2022225490121411E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BELTRAN GARZON EDER FABIAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000785110, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [7]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-326609, impuesto en contra del señor BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-326609 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09 -10 -22 al señor BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000179922 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 185 18 NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “El día de hoy mediante control y prevención nos encontrábamos realizando patrullaje y observamos un ciudadano al cual se le realiza registro a persona donde se le haya 01 arma cortopunzante tipo navaja color negro marca stainles Steel por tal motivo se le aplica la ley 1801 en su artículo 27 Numeral 6.” (sic); Descargos: “para defenderme señor agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-326609 al señor(a) BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ El día de hoy mediante control y prevención nos encontrábamos realizando patrullaje y observamos un ciudadano al cual se le realiza registro a persona donde se le haya 01 arma cortopunzante tipo navaja color negro marca stainles Steel por tal motivo se le aplica la ley 1801 en su artículo 27 Numeral 6. (sic); Descargos: “para defenderme señor agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-326609 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme señor agente”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 09-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000179922, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-326609 expediente Orfeo No 2022225490121370E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOLIVAR CAPERA JUAN DAVID  mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000179922, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [8]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-282388, impuesto en contra del señor BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-282388 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 04 -09 -22 al señor BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022941614 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección TOBERIN. En la descripción del comportamiento se indica: “se realiza un registro a persona y se le haya un arma corto punzante tipo navaja en la pretina del pantalón lado izquierdo” (sic); Descargos: “el ciudadano manifestó que es para defenderse y el reciclaje”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-282388 al señor(a) BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se realiza un registro a persona y se le haya un arma corto punzante tipo navaja en la pretina del pantalón lado izquierdo (sic); Descargos: “el ciudadano manifestó que es para defenderse y el reciclaje”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-282388 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el ciudadano manifestó que es para defenderse y el reciclaje”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 04-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022941614, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-282388 expediente Orfeo No 2022225490103323E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BRAN SANCHEZ HAROLD DANILO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022941614, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [9]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-340167, impuesto en contra del señor CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-340167 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19 -10 -22 al señor CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1023947284 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 125 AUTO NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “al practicarle un registro personal al ciudadano se le encuentra 01 una navaja marca stanless” (sic); Descargos: “es para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-340167 al señor(a) CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ al practicarle un registro personal al ciudadano se le encuentra 01 una navaja marca stanless (sic); Descargos: “es para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-340167 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “es para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 19-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1023947284, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-340167 expediente Orfeo No 2022225490127562E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CERCADO SANCHEZ BRAYAN SEBASTIAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1023947284, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [10]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-309937, impuesto en contra del señor CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-309937 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25 -09 -22 al señor CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000576005 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 3 CL 188 06. En la descripción del comportamiento se indica: “se realiza el registro a persona al ciudadano donde se le encuentra un arma blanca tipo cuchillo en su mano izquierda,” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-309937 al señor(a) CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se realiza el registro a persona al ciudadano donde se le encuentra un arma blanca tipo cuchillo en su mano izquierda, (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-309937 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 25-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000576005, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-309937 expediente Orfeo No 2022225490114438E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CORONEL LOPEZ MICHAEL ESTIVEN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000576005, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [11]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-260611, impuesto en contra del señor DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-260611 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 14 -08 -22 al señor DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES  identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000571555 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 182 CON 45. En la descripción del comportamiento se indica: “la central de video usaquen envía un caso donde se encuentran unos ciudadanos sospechosos en el lugar al llegar se le practica registro a persona y se encuentra a uno 01 arma blanca tipo cuchillo” (sic); Descargos: “el ciudadano manifiesta que es para protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-260611 al señor(a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES - 1 por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ la central de video usaquen envía un caso donde se encuentran unos ciudadanos sospechosos en el lugar al llegar se le practica registro a persona y se encuentra a uno 01 arma blanca tipo cuchillo (sic); Descargos: “el ciudadano manifiesta que es para protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-260611 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el ciudadano manifiesta que es para protección”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 14-08-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000571555, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-260611 expediente Orfeo No 20222234901116949E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000571555, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [12]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-323316, impuesto en contra del señor DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES  identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-323316 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06 -10 -22 al señor DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000571555 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 189 KR 15 A. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se halla en el interior de la chaqueta del sujeto antes mencionado 01 arma corto punzante " cuhillo" de hoja metálica y empuñadura plástica cubierta con cinta aislante, se procede a realizar el respectivo comparando y se retira del lugar a el infractor” (sic); Descargos: “no tengo nada que manifestar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-323316 al señor(a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES  por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se halla en el interior de la chaqueta del sujeto antes mencionado 01 arma corto punzante " cuhillo" de hoja metálica y empuñadura plástica cubierta con cinta aislante, se procede a realizar el respectivo comparando y se retira del lugar a el infractor (sic); Descargos: “no tengo nada que manifestar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-323316 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “no tengo nada que manifestar”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 06-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000571555, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-323316 expediente Orfeo No 2022225490119978E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ BLANCO CARLOS ANDRES mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000571555, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [13]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-310069, impuesto en contra del señor FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-310069 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25 -09 -22 al señor FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022402769 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CRA 8C CON CLL 186. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le encuentra 01 arma cortopunzante tipo navaja, empuñadura de plástico sin marca” (sic); Descargos: “por nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-310069 al señor(a) FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le encuentra 01 arma cortopunzante tipo navaja, empuñadura de plástico sin marca (sic); Descargos: “por nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-310069 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “por nada”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 25-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022402769, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-310069 expediente Orfeo No 2022225490114430E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FONSECA BEDOYA OSMAN YESITH mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022402769, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [14]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-291173, impuesto en contra del señor GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-291173 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 11 -09 -22 al señor GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022985777 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 68B BIS SUR CON CARRERA 7H. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le halla al ciudadano en su poder un arma corto punzante tipo navaja” (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-291173 al señor(a) GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le halla al ciudadano en su poder un arma corto punzante tipo navaja (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-291173 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 11-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022985777, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-291173 expediente Orfeo No 2022225490106824E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ORJUELA EDWIN ALONSO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1022985777, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [15]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-267767, impuesto en contra del señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-267767 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 22 -08 -22 al señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007358356 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 5 CL 186 A. En la descripción del comportamiento se indica: “se le practica registro al ciudadano y se le halla (01) un arma cortopunzante tipo Navaja marca stainless” (sic); Descargos: “la uso por seguridad comando”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-267767 al señor(a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se le practica registro al ciudadano y se le halla (01) un arma cortopunzante tipo Navaja marca stainless (sic); Descargos: “la uso por seguridad comando”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-267767 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “la uso por seguridad comando”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 22-08-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-267767 expediente Orfeo No 20222234901120103E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [16]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-288117, impuesto en contra del señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-288117 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 08 -09 -22 al señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007358356 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 5 CON CALLE 187B. En la descripción del comportamiento se indica: “al ciudadano en mención mediante registro a personas se le haya en su poder 01 arma cortopulzante tipo navaja en la pretina del pantalón” (sic); Descargos: “para defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-288117 al señor(a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ al ciudadano en mención mediante registro a personas se le haya en su poder 01 arma cortopulzante tipo navaja en la pretina del pantalón (sic); Descargos: “para defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-288117 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 08-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-288117 expediente Orfeo No 2022225490105594E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [17]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-296096, impuesto en contra del señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-296096 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 14 -09 -22 al señor GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007358356 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 163 D 3A - 09. En la descripción del comportamiento se indica: “Mediante a registro de persona se le halla al ciudadano un arma cortopunzante en la pretina del pantalón del lado izquierdo” (sic); Descargos: “El ciudadano manifiesta que la porta para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-296096 al señor(a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ Mediante a registro de persona se le halla al ciudadano un arma cortopunzante en la pretina del pantalón del lado izquierdo (sic); Descargos: “El ciudadano manifiesta que la porta para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-296096 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “El ciudadano manifiesta que la porta para su defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 14-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER  mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-296096 expediente Orfeo No 2022225490108743E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ROMERO CRISTIAN ALEXANDER mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1007358356, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [18]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-351165, impuesto en contra del señor GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-351165 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27 -10 -22 al señor GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020759606 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección VALLE 125 CON 15. En la descripción del comportamiento se indica: “al ciudadano en mención se le realiza un registro a persona al cual se le allá un arma cortopunzante en la pletina del pantalón” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-351165 al señor(a) GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ al ciudadano en mención se le realiza un registro a persona al cual se le allá un arma cortopunzante en la pletina del pantalón (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-351165 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 27-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020759606, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-351165 expediente Orfeo No 2022225490132498E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GORDILLO BEANVIDES CAMILO ANDRES mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020759606, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [19]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-307620, impuesto en contra del señor GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-307620 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23 -09 -22 al señor GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1024498800 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 64 18 G 34 SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “vente labores de patrullaje disuasión del delito y mediante el registro a personas al ciudadano anteriormente nombrado Se le encuentra una navaja de marca Stanley china Metálica con incrustaciones en madera por tal motivo se hace la presente orden de comparendo.” (sic); Descargos: “para mí protección ya que salí dela cárcel y me siento amenazado.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-307620 al señor(a) GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ vente labores de patrullaje disuasión del delito y mediante el registro a personas al ciudadano anteriormente nombrado Se le encuentra una navaja de marca Stanley china Metálica con incrustaciones en madera por tal motivo se hace la presente orden de comparendo. (sic); Descargos: “para mí protección ya que salí dela cárcel y me siento amenazado.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-307620 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mí protección ya que salí dela cárcel y me siento amenazado.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 23-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1024498800, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-307620 expediente Orfeo No 2022225490113529E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUERRERO PAEZ LUIS EDUARDO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1024498800, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [20]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-290378, impuesto en contra del señor HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-290378 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10 -09 -22 al señor HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1052091703 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 181C CARRERA 16. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le haya al ciudadano un arma cortopunzante tipo cuchillo en la pretina del pantalón.” (sic); Descargos: “defenderme.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-290378 al señor(a) HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le haya al ciudadano un arma cortopunzante tipo cuchillo en la pretina del pantalón. (sic); Descargos: “defenderme.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-290378 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “defenderme.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 10-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1052091703, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-290378 expediente Orfeo No 2022225490106451E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ TORRES ALDAIR ANTONIO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1052091703, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [21]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-273734, impuesto en contra del señor LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-273734 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27 -08 -22 al señor LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1012451590 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 57 KR 86 A SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le haya en su poder 01 arma cortopunzante tipo cuchillo sin marca” (sic); Descargos: “porque tengo varias liebres es por mi seguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-273734 al señor(a) LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le haya en su poder 01 arma cortopunzante tipo cuchillo sin marca (sic); Descargos: “porque tengo varias liebres es por mi seguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-273734 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “porque tengo varias liebres es por mi seguridad”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 27-08-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1012451590, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-273734 expediente Orfeo No 2022225490100253E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LOPEZ GUTIERREZ YULEIDY mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1012451590, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [22]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-345723, impuesto en contra del señor LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-345723 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23 -10 -22 al señor LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000180714 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 4 CON 187. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores denoatrullaje se observa al ciudadano caminando con un arma blanca, tipo navaja  en la mano derecha,  haciéndo uso inadecuado de la  misma” (sic); Descargos: “no tengo nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-345723 al señor(a) LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores denoatrullaje se observa al ciudadano caminando con un arma blanca, tipo navaja  en la mano derecha,  haciéndo uso inadecuado de la  misma (sic); Descargos: “no tengo nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-345723 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “no tengo nada que decir”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 23-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000180714, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-345723 expediente Orfeo No 2022225490130194E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LUNA ROJAS LEONARDO MICHELL mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000180714, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [23]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-333220, impuesto en contra del señor MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-333220 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 13 -10 -22 al señor MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020837884 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 127 A KR 6. En la descripción del comportamiento se indica: “a la persona en mención se le practica un registro q personas y se le halla en el bolsillo derecho del pantalón un arma corto punzante tipo navaja color café de marca stainles” (sic); Descargos: “no manifiesta nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-333220 al señor(a) MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ a la persona en mención se le practica un registro q personas y se le halla en el bolsillo derecho del pantalón un arma corto punzante tipo navaja color café de marca stainles (sic); Descargos: “no manifiesta nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-333220 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “no manifiesta nada”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 13-10-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020837884, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-333220 expediente Orfeo No 2022225490124462E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MANCHOLA LOSADA SEBASTIAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1020837884, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [24]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-299197, impuesto en contra del señor MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

2. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-299197 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16 -09 -22 al señor MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE  identificado con la cédula de ciudadanía No. 1004376775 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 1 de junio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 3 163. En la descripción del comportamiento se indica: “En labores de registro y solicitud de antecedentes se le haya al ciudadano en el bolsillo derecho del pantalón un arma corto punzante.” (sic); Descargos: “No tengo Nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-299197 al señor(a) MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE - 1 por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ En labores de registro y solicitud de antecedentes se le haya al ciudadano en el bolsillo derecho del pantalón un arma corto punzante. (sic); Descargos: “No tengo Nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-299197 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “No tengo Nada que decir”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 16-09-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
 
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE - 1 y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para el 2022 fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
 
 
RESUELVE
 
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1004376775, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-299197 expediente Orfeo No 2022225490110103E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARQUEZ BERMUDEZ FAVIO ENRIQUE - 1 mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1004376775, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el 2022 corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                           

                                                                                                                  [25]
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33