NOTIFICACION POR ESTADO INSPECCION D33 - JULIO 2023 - REPARTO 9 - PARTE 1

1. ASUNTO A TRATAR

 
 
El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-7756 impuesto en contra del señor BETANCUR JARAMILLO JORGE ELIAS identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,
 

1. SOBRE LA COMPETENCIA

 
El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
 
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
 
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
 
3. ANTECEDENTES
 
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 08-01-23 al señor BETANCUR JARAMILLO JORGE ELIAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 9846759  por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
 
Por lo anterior mediante auto de julio 4 de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
 
4. PRUEBAS
 
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-7756 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 45 CL 114. En la descripción del comportamiento se indica: “infractor se le practica una requisa encontrandole en su poder un cuchillo en el bolsillo de su pantalón” (sic); Descargos: “este elemento lo uso para mi defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “SI”
 
 
 
 
 
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
 
5.1. COMPORTAMIENTO CONTRARIO OBJETO DE ANÁLISIS:
 
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
 
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
 
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
 
El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.
 
El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.
 
5.2.  DEL CASO EN CONCRETO
5.2.1.  Respecto del recurso de apelación interpuesto por el presunto infractor
Es de importancia resaltar que este Despacho es el competente para resolver la presente apelación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 222 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Claro lo anterior, verificado el contenido del Comparendo se evidencia, que en el texto del mismo efectivamente aparece la descripción: Recurso de Apelación: “si”, pero el implicado en esta actuación NO sustento el recurso de alzada en el momento de la imposición del comparendo, ni posteriormente. Toda vez que no obra documento anexo que confirme lo contrario, por ende, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza el comparendo por ser un documento público.
En relación con la formalidad de los argumentos esgrimidos por el recurrente,  se tiene que de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Justicia de Bogotá,  en el acto administrativo No.0301 de 2004, al consignar: “si bien la expresión de los motivos de conformidad, en justicia policiva no requeriría formalismo alguno, si es necesaria la identificación al menos somera de los fundamentos jurídicos o facticos por los cuales considera que el acto recurrido está viciado de ilegalidad o la presentación de las pruebas que acreditan el cumplimiento de los requisitos de que se trate.” (ACTO ADMINISTRATIVO No. 116 12 de febrero de 2014 consejero ponente Erwin Leonardo Niño Ochoa). (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
En ese orden de ideas, será del caso adoptar la decisión de declarar desierto el recurso de apelación
5.2.2. Sobre la viabilidad de abrir trámite del proceso verbal abreviado
 
Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
 
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
5.2.3.  Sobre la viabilidad o no de imponer multa
Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque implica un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas,  también lo es que  una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 8 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor  ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta  ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, tales como; la exposición constante a ser agredidos, a que los hurten y otras  situaciones que se suscitan por estar sumergidos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.
Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:
 
“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado  en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, dando aplicación a los principios señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.
 
Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor.
De conformidad con todo lo anterior,  ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de  ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.
 
Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;
 
RESUELVE:
 
PRIMERO:  Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor (a) BETANCUR JARAMILLO JORGE ELIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 9846759 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: No iniciar  Proceso Verbal Abreviado de conformidad al artículo 223 A de la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022.
 
TERCERO: NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.
 
CUARTO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, a la dirección física y/o, correo electrónico, para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
QUINTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
 
SEXTO:  Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
SEPTIMO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
CUMPLASE,

                                                                                                  
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

 
 
El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-51847 impuesto en contra del señor BORDA BERNAL CAMILO ANDRES identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,
 

1. SOBRE LA COMPETENCIA

 
El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
 
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
 
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
 
3. ANTECEDENTES
 
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2  expediente de policía impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16-02-22 al señor BORDA BERNAL CAMILO ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1001217200  por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
 
Por lo anterior mediante auto de julio 4 de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
 
4. PRUEBAS
 
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-51847 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 127C CARRERA 49-00. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando labores de patrullaje y control por la calle 127c con carrera 49-00 nos encontramos de dos sujetos con una característica muy sospechosa por lo cual se le da la orden de pare, al momento de registrarlos se le encuentra 01 arma Blanca tipo navaja a cada uno de estos sujetos por lo cual se le notifica una orden de comparendo por el artículo 27 numeral 6” (sic); Descargos: “mucho problema que tengo en el barrio”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “SI”
 
 
 
 
 
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
 
5.1. COMPORTAMIENTO CONTRARIO OBJETO DE ANÁLISIS:
 
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
 
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
 
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
 
El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.
 
El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.
 
5.2.  DEL CASO EN CONCRETO
5.2.1.  Respecto del recurso de apelación interpuesto por el presunto infractor
Es de importancia resaltar que este Despacho es el competente para resolver la presente apelación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 222 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Claro lo anterior, verificado el contenido del Comparendo se evidencia, que en el texto del mismo efectivamente aparece la descripción: Recurso de Apelación: “si”, pero el implicado en esta actuación NO sustento el recurso de alzada en el momento de la imposición del comparendo, ni posteriormente. Toda vez que no obra documento anexo que confirme lo contrario, por ende, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza el comparendo por ser un documento público.
En relación con la formalidad de los argumentos esgrimidos por el recurrente,  se tiene que de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Justicia de Bogotá,  en el acto administrativo No.0301 de 2004, al consignar: “si bien la expresión de los motivos de conformidad, en justicia policiva no requeriría formalismo alguno, si es necesaria la identificación al menos somera de los fundamentos jurídicos o facticos por los cuales considera que el acto recurrido está viciado de ilegalidad o la presentación de las pruebas que acreditan el cumplimiento de los requisitos de que se trate.” (ACTO ADMINISTRATIVO No. 116 12 de febrero de 2014 consejero ponente Erwin Leonardo Niño Ochoa). (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
En ese orden de ideas, será del caso adoptar la decisión de declarar desierto el recurso de apelación
5.2.2. Sobre la viabilidad de abrir trámite del proceso verbal abreviado
 
Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
 
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
5.2.3.  Sobre la viabilidad o no de imponer multa
Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque implica un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas,  también lo es que  una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 8 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor  ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta  ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, tales como; la exposición constante a ser agredidos, a que los hurten y otras  situaciones que se suscitan por estar sumergidos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.
Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:
 
“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ( lo subrayado y resaltado  en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, dando aplicación a los principios señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.
 
Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor.
De conformidad con todo lo anterior,  ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de  ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.
 
Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;
 
RESUELVE:
 
PRIMERO:  Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor (a) BORDA BERNAL CAMILO ANDRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1001217200 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: No iniciar  Proceso Verbal Abreviado de conformidad al artículo 223 A de la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022.
 
TERCERO: NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.
 
CUARTO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, a la dirección física y/o, correo electrónico, para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
 
QUINTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
 
SEXTO:  Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
SEPTIMO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
 
 
CUMPLASE,

                                                                                                  
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

 
 
ASUNTO PARA TRATAR:
 
El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-34496 impuesto en contra del señor(a) CAMACHO PARRA NICOLAS ANDRES identificado(a) como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones.
 

1. SOBRE LA COMPETENCIA

 
El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
 
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
 
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
 
2. ANTECEDENTES
 
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 2023-01-30 al señor(a) CAMACHO PARRA NICOLAS ANDRES identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1023034889 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016,
 
Por lo anterior mediante auto de JULIO 4 DE 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
3. PRUEBAS
 
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-34496 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 134 CON AUTONORTE  En la descripción del comportamiento se indica: “se le práctica un registro a persona y se le halla 01 arma cortopunzante tipo cuchillo” (sic); Descargos: “la portó para mí defensa personal, si estoy de acuerdo en la destitución del cuchillo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “si”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
 
4.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
 
4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
 
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
 
El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.
 
El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.
 
4.1. Del caso en concreto
 
4.1.2 Respecto del recurso de apelación interpuesto por el presunto infractor
 
Es de importancia resaltar que este Despacho es el competente para resolver la presente apelación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 222 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Claro lo anterior, verificado el contenido del Comparendo se evidencia, que en el texto del mismo efectivamente aparece la descripción: Recurso de Apelación: “si”, pero el implicado en esta actuación NO sustento el recurso de alzada en el momento de la imposición del comparendo, ni posteriormente. Toda vez que no obra documento anexo que confirme lo contrario, por ende, no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza el comparendo por ser un documento público.
 
En relación con la formalidad de los argumentos esgrimidos por el recurrente,  se tiene que de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Justicia de Bogotá,  en el acto administrativo No.0301 de 2004, al consignar: “si bien la expresión de los motivos de conformidad, en justicia policiva no requeriría formalismo alguno, si es necesaria la identificación al menos somera de los fundamentos jurídicos o facticos por los cuales considera que el acto recurrido está viciado de ilegalidad o la presentación de las pruebas que acreditan el cumplimiento de los requisitos de que se trate.” (ACTO ADMINISTRATIVO No. 116 12 de febrero de 2014 consejero ponente Erwin Leonardo Niño Ochoa). (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
En ese orden de ideas, será del caso adoptar la decisión de declarar desierto el recurso de apelación.
4.1.3. Sobre la viabilidad o no de iniciar proceso verbal abreviado
Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló en debida forma la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
 
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
 
4.1.4. Sobre la viabilidad o no de imponer multa
Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contempladas en la ley 1801 de 2016, expiden el Gobierno Nacional y Distrital, también lo es, que no resulta procedente imponer medidas correctivas adicionales al señor(a) CAMACHO PARRA NICOLAS ANDRES , identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1023034889, pues no se evidencia la necesidad de éstas para preservar y restablecer el orden público, toda vez que los hechos fueron superados al utilizar el uniformado los medios de policía y al aplicar la medida correctiva, conforme con su competencia, los cuales se encuentran normados en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016 y que según lo probado,  están acordes con las circunstancias de tiempo, modo y lugar; los que, sin embargo, deben ser analizados a la luz de los principios previstos el artículo 8º, en los numerales 12 y 13 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establecen:
“Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13. Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Con base en los principios citados con anterioridad y el comportamiento contrario a la convivencia, que se suscitó, se colige, que los medios y medidas correctivas impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional están acorde con tales principios y en su momento fueron suficientes para garantizar la convivencia y restablecer el orden público.
 
En tal sentido igualmente, dentro de las Líneas Generales de unificación de Doctrina en la Aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se indica que:
“(..)Dentro del Proceso Único de Policía es primordial aplicar el principio de progresividad por parte de la Autoridad de Policía que tiene a su cargo el procedimiento, principio éste que se encuentra implícito en el tenor del principio de necesidad, la aplicación del principio de progresividad que refiere el Derecho de Policía, nos indica que inicialmente se debe utilizar mecanismos de protección, restauración, educación, prevención o similares para el restablecimiento del orden público, la utilización de tales mecanismos son requisito previo a poder utilizar los medios de policía descritos en el Artículo 149 del CNSCC y tan solo cuando se evidencie la ineficacia de estos medios para alcanzar el fin propuesto de restablecimiento del orden público o la convivencia es viable la imposición de medidas correctivas constituyéndose éstas en la última ratio del Derecho de Policía, por lo tanto una vez se incurre en un comportamiento contrario a la convivencia se debe utilizar por parte de la autoridad la escala de progresividad así:
Mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención, los cuales deben ser eficaces para el restablecimiento del orden público afectado en cualquiera de sus categorías, si con tales mecanismos se restablece el orden público se culmina el proceso; De no lograrse con ellos el restablecimiento del orden público es decir al no ser eficaces o no existir de acuerdo con las circunstancias se pueden utilizar los Medios de Policía.
Los Medios de Policía se encuentran enumerados en el Artículo 149 del CNSCC, su utilización dependerá del contexto generado por las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que se haya incurrido en el comportamiento contrario a la convivencia. Si la utilización de tales Medios de Policía es eficaz para el restablecimiento del orden público o convivencia y esto sucede, se termina el proceso, y en el evento de que la utilización de tales medios resulte ineficaz, tan sólo en ese caso se pueden imponer las Medidas Correctivas.
Las medidas correctivas se consideran la última ratio en la aplicación de Derecho de Policía, pues, aunque su objeto es disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia implican una consecuencia jurídica adversa para quien ha incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia y no ha aprovechado las posibilidades brindadas por la autoridad para el restablecimiento del orden público, sin que esto implique que sea una sanción tal como lo estableció la Honorable Corte Constitucional(..)”
Adicional a lo anterior, la normatividad policiva define en el artículo 149 los medios de policía como:
 
 “(…) instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas en este Código. (...)”. 
 
Así las cosas, dando aplicación a los principios señalados en la Ley 1801 de 2016, en especial la protección y respeto a los derechos humanos, la solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos,  es preciso determinar que la actuación del uniformado para el caso concreto, observó los principios del debido proceso, proporcionalidad y razonabilidad, al emitir una  orden de policía de manera clara y concisa utilizando como medios de policía: orden de policía, registro a persona, destrucción del bien, según lo refleja la pagina del RNMC dentro del expediente de policía.
 
Como consecuencia, salvo mejor opinión, dichos medios utilizados resultaron suficientes y proporcionales para alcanzar el fin propuesto, esto es, el restablecimiento de la sana convivencia y el orden público, afectado con la conducta, origen de la imposición del comparendo, por tal razón, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional.
 
Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la imposición de las multas por parte de los inspectores de policía, deben cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, principios establecidos en la normatividad policiva y cuyo fin único es el de preservar y restablecer el orden público.
 
Argumento que igualmente comparte la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-142/20, indicándose en la misma, que las multas, deben ser:
 
“rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección restauración, educación o prevención resulte ineficaz.
 
Ahora bien, en relación al alcance del Artículo 180, denominado MULTAS del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la sentencia en cita igualmente señaló: 
 
“…La adopción de las medidas correctivas y, entre ellas, las multas, debe hacerse “atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma”, de tal suerte que se evite “todo exceso innecesario”, para poder considerarse proporcionales y razonables. En cuanto al principio de necesidad, debe advertirse que las medidas correctivas, dentro de las cuales están las multas, deben ser “rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección restauración, educación o prevención resulte ineficaz para lograr el fin propuesto”. (subrayado en negrilla fuera del texto). 
 
 
En tal sentido igualmente, dentro de las Líneas Generales de unificación de Doctrina en la Aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se indica que:
“(..)Las medidas correctivas se consideran la última ratio en la aplicación de Derecho de Policía, pues, aunque su objeto es disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia implican una consecuencia jurídica adversa para quien ha incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia y no ha aprovechado las posibilidades brindadas por la autoridad para el restablecimiento del orden público, sin que esto implique que sea una sanción tal como lo estableció la Honorable Corte Constitucional(..)”
En ese orden de ideas, se concluye que los medios de policía utilizados y la Medida Correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, fueron suficientes y necesarios para la preservación y restablecimiento de la sana convivencia y del orden público, aunado a lo anterior, no existe evidencia en el texto del comparendo que indique, que estos resultaren ineficaces para restablecer dicho orden, y el presunto infractor no es reincidente en el comportamiento. Será pertinente reiterar la decisión de avalar los medios de policía utilizados, la medida correctiva impuesta y señalada por el personal uniformado de la Policía Nacional, y como consecuencia abstenerse de continuar con el trámite de la presente actuación policiva. 
 
Por las razones esbozadas precedentemente, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando los derechos del presunto infractor.
 
Finalmente, resulta importante Exhortar al ciudadano, para que se sensibilice frente a los comportamientos que favorecen la convivencia en la ciudad, de conformidad con los propósitos de la Ley 1801 de 2016, Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana,
 
De conformidad con todo lo anterior,  ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de  ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.
 
Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales.
 
 
 
 
 
 
RESUELVE:
 
PRIMERO:  Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor (a) CAMACHO PARRA NICOLAS ANDRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1023034889 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
 
SEGUNDO:  No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia. 
 
TERCERO:  Exhortar al señor(a) CAMACHO PARRA NICOLAS ANDRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1023034889, a que se sensibiliza frente a los comportamientos que favorecen la convivencia en la ciudad, de conformidad con los propósitos de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
 
CUARTO: Notificar a través de los medios oficiales establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión.
 
QUINTO:  Disponer que contra la decisión de no continuar con el proceso verbal abreviado proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
SEXTO:   Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
SEPTIMO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que  el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad..
REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
 
                                                                                                                              
 
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33
 

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-82745, impuesto en contra del señor ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-82745 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 15 -03 -22 al señor ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1032488252 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 128 C KR 93. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopunzante tipo machete en la mano, al momento de intentar retirarle el machete presenta comportamientos agresivos y temerarios por tal motivo se traslada al ctp para salvaguardar su integridad y la de terceros” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-82745 al señor(a) ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopunzante tipo machete en la mano, al momento de intentar retirarle el machete presenta comportamientos agresivos y temerarios por tal motivo se traslada al ctp para salvaguardar su integridad y la de terceros (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-82745 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 15-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1032488252, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-82745 expediente Orfeo No 2022223490140400E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ABRIL BERNAL FABIAN SANTIAGO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1032488252, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-104616, impuesto en contra del señor ABRIL CORREA ANDRES FELIPE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-104616 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 02 -04 -22 al señor ABRIL CORREA ANDRES FELIPE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1014269234 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 33 CARRERA93. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro se le encuentra una arma cortopunzante tipo navaja en la pretina del pantalón parte derecha” (sic); Descargos: “no tengo nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-104616 al señor(a) ABRIL CORREA ANDRES FELIPE por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro se le encuentra una arma cortopunzante tipo navaja en la pretina del pantalón parte derecha (sic); Descargos: “no tengo nada que decir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-104616 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “no tengo nada que decir”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 02-04-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ABRIL CORREA ANDRES FELIPE y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ABRIL CORREA ANDRES FELIPE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1014269234, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-104616 expediente Orfeo No 2022223490150608E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ABRIL CORREA ANDRES FELIPE mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1014269234, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013662, impuesto en contra del señor ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013662 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 12 -02 -23 al señor ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1024470810 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 168 CON CRA 53. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando labores de patrullaje y control se solicita al ciudadano para realizarle un registro a persona al cual se le halla 01 arma cortopunzante tipo cuchillo empuñadura metalica de hoja dentada  metálica marca stainless.” (sic); Descargos: “me lo encontré en la calle.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10013662 al señor(a) ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ realizando labores de patrullaje y control se solicita al ciudadano para realizarle un registro a persona al cual se le halla 01 arma cortopunzante tipo cuchillo empuñadura metalica de hoja dentada  metálica marca stainless. (sic); Descargos: “me lo encontré en la calle.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10013662 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “me lo encontré en la calle.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 12-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1024470810, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10013662 expediente Orfeo No 2023225490125570E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ACEVEDO ACUÑA YEFRIN DAVID mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1024470810, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,       
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-16641, impuesto en contra del señor ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-16641 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17 -01 -23 al señor ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1032467017 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 159 99 D. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro y control se le halla al ciudadano antes en mención un elemento cortante y punzante tipo navaja por tal motivo se procede a realizar la orden de comparando” (sic); Descargos: “el cuidadano manifesta que la utiliza para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-16641 al señor(a) ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro y control se le halla al ciudadano antes en mención un elemento cortante y punzante tipo navaja por tal motivo se procede a realizar la orden de comparando (sic); Descargos: “el cuidadano manifesta que la utiliza para su defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-16641 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el cuidadano manifesta que la utiliza para su defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 17-01-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1032467017, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-16641 expediente Orfeo No 2023225490112783E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ACOSTA ESPITIA MANUEL ELKIN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1032467017, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                        
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10000844, impuesto en contra del señor AGUDELO  JOHAN ESTEBAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10000844 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 02 -02 -23 al señor AGUDELO  JOHAN ESTEBAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000154400 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 142 CARRERA 19. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de registro se le encuentra al ciudadano un arma cortopunzante tipo cuchillo en bolso.” (sic); Descargos: “el señor manifiesta portarlo por seguridad.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10000844 al señor(a) AGUDELO  JOHAN ESTEBAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de registro se le encuentra al ciudadano un arma cortopunzante tipo cuchillo en bolso. (sic); Descargos: “el señor manifiesta portarlo por seguridad.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10000844 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el señor manifiesta portarlo por seguridad.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 02-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AGUDELO  JOHAN ESTEBAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AGUDELO  JOHAN ESTEBAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000154400, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10000844 expediente Orfeo No 2023225490120290E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AGUDELO  JOHAN ESTEBAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000154400, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-79149, impuesto en contra del señor AGUILAR ORTIZ SANTIAGO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-79149 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 12 -03 -22 al señor AGUILAR ORTIZ SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000457675 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 93 CL 128 C 10. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro apersona sele halla en su poder 01 armablanca  el cual su comportamienti agrecivo amenasando a la ciudadania con el armablanca se traslada al ctp para savaguardar su vida y la de terceros” (sic); Descargos: “para mi locura”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-79149 al señor(a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro apersona sele halla en su poder 01 armablanca  el cual su comportamienti agrecivo amenasando a la ciudadania con el armablanca se traslada al ctp para savaguardar su vida y la de terceros (sic); Descargos: “para mi locura”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-79149 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi locura”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 12-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AGUILAR ORTIZ SANTIAGO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000457675, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-79149 expediente Orfeo No 2022223490139546E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000457675, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-97179, impuesto en contra del señor AGUILAR ORTIZ SANTIAGO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-97179 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27 -03 -22 al señor AGUILAR ORTIZ SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000457675 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 103 CL 128. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de registro y control se le halla al ciudadano 01 arma cortopunzante tipo cuchillo de empuñadura plástica color negro y lámina color plateada sin marca” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-97179 al señor(a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de registro y control se le halla al ciudadano 01 arma cortopunzante tipo cuchillo de empuñadura plástica color negro y lámina color plateada sin marca (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-97179 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 27-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AGUILAR ORTIZ SANTIAGO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000457675, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-97179 expediente Orfeo No 2022223490148954E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AGUILAR ORTIZ SANTIAGO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1000457675, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-40109, impuesto en contra del señor ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-40109 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 05 -02 -22 al señor ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1192818217 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 7 47 34. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mencion se encuentra sobre la via al cual al practicarle un registro a persona el cual se encuentra enmarcado en el artículo 159 de la ley 1801, en su poder se le allá 01 arma cortopunzante tipo navaja en el bolsillo derecho del pantalon” (sic); Descargos: “lo tengo para mi defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-40109 al señor(a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el ciudadano en mencion se encuentra sobre la via al cual al practicarle un registro a persona el cual se encuentra enmarcado en el artículo 159 de la ley 1801, en su poder se le allá 01 arma cortopunzante tipo navaja en el bolsillo derecho del pantalon (sic); Descargos: “lo tengo para mi defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-40109 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “lo tengo para mi defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 05-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1192818217, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-40109 expediente Orfeo No 2022223490121216E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1192818217, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-57188, impuesto en contra del señor ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-57188 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 20 -02 -22 al señor ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1192818217 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CRA 3 CALLE 51. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se le práctica un registro a personas encontrando en su poder un arma cortopunsante el cual no aporta para que la usa, por tal motivo se le realiza una orden de comparendo por infringir el art 27 numeral 6 de la ley 1801” (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-57188 al señor(a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el ciudadano en mención se le práctica un registro a personas encontrando en su poder un arma cortopunsante el cual no aporta para que la usa, por tal motivo se le realiza una orden de comparendo por infringir el art 27 numeral 6 de la ley 1801 (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-57188 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 20-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1192818217, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-57188 expediente Orfeo No 2022223490129145E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALVAREZ DIAZ IVAN JOSE mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1192818217, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-77709, impuesto en contra del señor ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-77709 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10 -03 -22 al señor ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1143394034 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 20 CON CALLE 87. En la descripción del comportamiento se indica: “al cuidadano se le realiza un registro a personas en la estacion de trasmilenio calle  85 , donde se le haya 01 arma blanca en la pretina del pantalon tipo navaja” (sic); Descargos: “por que vivo en la 22 con mi pareja”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-77709 al señor(a) ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ al cuidadano se le realiza un registro a personas en la estacion de trasmilenio calle  85 , donde se le haya 01 arma blanca en la pretina del pantalon tipo navaja (sic); Descargos: “por que vivo en la 22 con mi pareja”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-77709 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “por que vivo en la 22 con mi pareja”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 10-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1143394034, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-77709 expediente Orfeo No 2022223490138836E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALVAREZ FABRA FREDIS ANTONIO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1143394034, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-106479, impuesto en contra del señor AMARIS GARAVITO JUAN PABLO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-106479 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 05 -04 -22 al señor AMARIS GARAVITO JUAN PABLO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1233894803 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 92 KR 153. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona sele halla un arma cortopunzante tipo cuchillo empuñadura plastatica color negro hoja metálica en la pretina del pantalón derecho” (sic); Descargos: “para mi protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-106479 al señor(a) AMARIS GARAVITO JUAN PABLO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona sele halla un arma cortopunzante tipo cuchillo empuñadura plastatica color negro hoja metálica en la pretina del pantalón derecho (sic); Descargos: “para mi protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-106479 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi protección”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 05-04-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AMARIS GARAVITO JUAN PABLO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AMARIS GARAVITO JUAN PABLO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1233894803, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-106479 expediente Orfeo No 2022223490152952E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AMARIS GARAVITO JUAN PABLO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1233894803, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-86609, impuesto en contra del señor APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-86609 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19 -03 -22 al señor APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1016035198 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AV.BOYACA CON 117. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopunsante tipo cuchillo cacha color negra en bota del pantalón altura del tobillo.” (sic); Descargos: “se la acabo de encontrar reciclando”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-86609 al señor(a) APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopunsante tipo cuchillo cacha color negra en bota del pantalón altura del tobillo. (sic); Descargos: “se la acabo de encontrar reciclando”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-86609 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “se la acabo de encontrar reciclando”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 19-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1016035198, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-86609 expediente Orfeo No 2022223490143118E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) APONTE CARDENAS FABIAN ANDRES mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1016035198, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-50506, impuesto en contra del señor ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-50506 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 14 -02 -22 al señor ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1018495260 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 26 93. En la descripción del comportamiento se indica: “se le solicita un registro al ciudadano al cual se le encuentran su poder un elemento cortopunzante tipo navaja” (sic); Descargos: “Me la encontré y estoy de acuerdo con que la destruya”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-50506 al señor(a) ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se le solicita un registro al ciudadano al cual se le encuentran su poder un elemento cortopunzante tipo navaja (sic); Descargos: “Me la encontré y estoy de acuerdo con que la destruya”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-50506 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “Me la encontré y estoy de acuerdo con que la destruya”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 14-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1018495260, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-50506 expediente Orfeo No 2022223490126551E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1018495260, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-29915, impuesto en contra del señor ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-29915 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27 -01 -23 al señor ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80179355 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 159 KR 99. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando labores de patrullaje observamos al ciudadano en vía pública el cual se le realiza un registro a persona y se le haya 01 arma cortopunzante tipo cuchillo en la mochila negra que porta” (sic); Descargos: “para laborar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-29915 al señor(a) ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ realizando labores de patrullaje observamos al ciudadano en vía pública el cual se le realiza un registro a persona y se le haya 01 arma cortopunzante tipo cuchillo en la mochila negra que porta (sic); Descargos: “para laborar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-29915 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para laborar”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 27-01-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 80179355, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-29915 expediente Orfeo No 2023225490116086E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARENAS YEPES DANIEL FERNANDO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 80179355, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013341, impuesto en contra del señor AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013341 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 12 -02 -23 al señor AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1019110575 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 151 D CL 138 D. En la descripción del comportamiento se indica: “se realiza registro a persona al ciudadano antes en mención amando en el art 159 de la ley 1801 y se le halla 01 arma cortopunzante tipo cuchillo de empuñadura color azul, en la pretina del pantalón, se da aplicabilidad al decreto 599. Fomentando la riña.” (sic); Descargos: “esto no se queda así”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10013341 al señor(a) AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se realiza registro a persona al ciudadano antes en mención amando en el art 159 de la ley 1801 y se le halla 01 arma cortopunzante tipo cuchillo de empuñadura color azul, en la pretina del pantalón, se da aplicabilidad al decreto 599. Fomentando la riña. (sic); Descargos: “esto no se queda así”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10013341 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “esto no se queda así”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 12-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1019110575, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10013341 expediente Orfeo No 2023225490125608E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AREVALO GUZMAN CARLOS ARTURO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1019110575, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-52800, impuesto en contra del señor ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-52800 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16 -02 -22 al señor ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80097533 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 5 CL 98 ESTE. En la descripción del comportamiento se indica: “se le realiza la presente orden de comparendo al ciudadano en mención toda vez que al momento del registro a persona se le haya en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo navaja de empuñadura en pasta color negro” (sic); Descargos: “la cargo por la inseguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-52800 al señor(a) ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se le realiza la presente orden de comparendo al ciudadano en mención toda vez que al momento del registro a persona se le haya en la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo navaja de empuñadura en pasta color negro (sic); Descargos: “la cargo por la inseguridad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-52800 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “la cargo por la inseguridad”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 16-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 80097533, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-52800 expediente Orfeo No 2022223490127557E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIAS AHUMADA SEBASTIAN EDUARDO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 80097533, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-89729, impuesto en contra del señor ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-89729 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 21 -03 -22 al señor ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1123406164 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 145 KR 108. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano porta arma cortante y/o punzante tipo cuchillo de cacha plástica verde y azul, sin marca avaluado en 5000 pesos hallada en el bolsillo delantero costado derecho del pantalon que viste” (sic); Descargos: “la tengo para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-89729 al señor(a) ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el ciudadano porta arma cortante y/o punzante tipo cuchillo de cacha plástica verde y azul, sin marca avaluado en 5000 pesos hallada en el bolsillo delantero costado derecho del pantalon que viste (sic); Descargos: “la tengo para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-89729 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “la tengo para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 21-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1123406164, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-89729 expediente Orfeo No 2022223490145152E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIAS LEDESMA LUIS EDUARDO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1123406164, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-33676, impuesto en contra del señor ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-33676 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30 -01 -23 al señor ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1015440713 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CLL 53 CON CRR 4A. En la descripción del comportamiento se indica: “el señor antes mencionado se encontraba en vía pública portando arma blanca sele explica el art 222 de la ley 1801” (sic); Descargos: “para defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-33676 al señor(a) ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el señor antes mencionado se encontraba en vía pública portando arma blanca sele explica el art 222 de la ley 1801 (sic); Descargos: “para defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-33676 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 30-01-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1015440713, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-33676 expediente Orfeo No 2023225490117844E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARISMENDI SUAREZ EDWIN ALEJANDRO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1015440713, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-88460, impuesto en contra del señor BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-88460 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 20 -03 -22 al señor BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1034308543 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 128 D KR 96 A. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje se observa al ciudadano antes mencionado el cual se le práctica el registro a persona hallandole en su mano derecha 01 arma cortopunzante tipo navaja de empuñadura plástica color negro marca Stainless con 01 hoja metálica” (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-88460 al señor(a) BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de patrullaje se observa al ciudadano antes mencionado el cual se le práctica el registro a persona hallandole en su mano derecha 01 arma cortopunzante tipo navaja de empuñadura plástica color negro marca Stainless con 01 hoja metálica (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-88460 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 20-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1034308543, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-88460 expediente Orfeo No 2022223490144639E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARON VANEGAS MANUEL ESTEBAN mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1034308543, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10000723, impuesto en contra del señor BASABE  FABIO ALBERTO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10000723 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 01 -02 -23 al señor BASABE  FABIO ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1218214509 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 128 C BIS KR 96. En la descripción del comportamiento se indica: “se observa al ciudadano en la vía pública el cual se le realiza un registro a persona y se le encuentra en la pretina del pantalón 01 arma cortopunzante tipo cuchillo” (sic); Descargos: “para mi defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10000723 al señor(a) BASABE  FABIO ALBERTO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se observa al ciudadano en la vía pública el cual se le realiza un registro a persona y se le encuentra en la pretina del pantalón 01 arma cortopunzante tipo cuchillo (sic); Descargos: “para mi defensa personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10000723 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi defensa personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 01-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BASABE  FABIO ALBERTO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BASABE  FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10000723 expediente Orfeo No 2023225490120072E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BASABE  FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-6938, impuesto en contra del señor BASABE  FABIO ALBERTO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-6938 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07 -01 -23 al señor BASABE  FABIO ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1218214509 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 96 CL 128 A. En la descripción del comportamiento se indica: “se le practica un registro a persona y se le halla un arma cortopunzante en la pretina del pantalón.” (sic); Descargos: “lo porto por las liebres.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-6938 al señor(a) BASABE  FABIO ALBERTO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ se le practica un registro a persona y se le halla un arma cortopunzante en la pretina del pantalón. (sic); Descargos: “lo porto por las liebres.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-6938 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “lo porto por las liebres.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 07-01-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BASABE  FABIO ALBERTO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BASABE  FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-6938 expediente Orfeo No 2023225490118104E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BASABE  FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-99483, impuesto en contra del señor BASABE FABIO ALBERTO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-99483 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 29 -03 -22 al señor BASABE FABIO ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1218214509 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 86 #127C. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje y registro  a persona  se le encuentra  al ciudadano  un arma Blanca en el bolsillo izquierdo  del pantalon  jeans” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-99483 al señor(a) BASABE FABIO ALBERTO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de patrullaje y registro  a persona  se le encuentra  al ciudadano  un arma Blanca en el bolsillo izquierdo  del pantalon  jeans (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-99483 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 29-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BASABE FABIO ALBERTO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BASABE FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-99483 expediente Orfeo No 2022223490149669E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BASABE FABIO ALBERTO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1218214509, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-52475, impuesto en contra del señor BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-52475 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16 -02 -22 al señor BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1201238200 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 101 CL 132. En la descripción del comportamiento se indica: “Mediante labores de patrullaje, se le solicita  al ciudadano un registro a personas, el cual al ser practicado se le halla en la pretina del pantalon un arma Blanca tipo cuchillo de empuñadura de madera” (sic); Descargos: “El ciudadano manifiesta que lo porta para su defensa.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-52475 al señor(a) BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ Mediante labores de patrullaje, se le solicita  al ciudadano un registro a personas, el cual al ser practicado se le halla en la pretina del pantalon un arma Blanca tipo cuchillo de empuñadura de madera (sic); Descargos: “El ciudadano manifiesta que lo porta para su defensa.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-52475 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “El ciudadano manifiesta que lo porta para su defensa.”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 16-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1201238200, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-52475 expediente Orfeo No 2022223490127395E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BENITEZ SALCEDO HARLINTON JAVIER mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1201238200, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10005075, impuesto en contra del señor BENZA MENA JHON ALBERTO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10005075 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 05 -02 -23 al señor BENZA MENA JHON ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1026573056 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CRA 9 CON 60. En la descripción del comportamiento se indica: “Mediante registro a persona sele halla en en el canguro (bolso) que porta una arma cortopunzante tipo navaja de color negro,el ciudadano no acredita que este elemento sea parte esencial para su trabajo o estudio, de le da aplicabilidad al artículo 222 y 219 de la Ley 1801 del 2016.” (sic); Descargos: “el ciudadano manifiesta que es para uso personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10005075 al señor(a) BENZA MENA JHON ALBERTO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ Mediante registro a persona sele halla en en el canguro (bolso) que porta una arma cortopunzante tipo navaja de color negro,el ciudadano no acredita que este elemento sea parte esencial para su trabajo o estudio, de le da aplicabilidad al artículo 222 y 219 de la Ley 1801 del 2016. (sic); Descargos: “el ciudadano manifiesta que es para uso personal”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10005075 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “el ciudadano manifiesta que es para uso personal”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 05-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BENZA MENA JHON ALBERTO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BENZA MENA JHON ALBERTO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1026573056, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10005075 expediente Orfeo No 2023225490121752E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BENZA MENA JHON ALBERTO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1026573056, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013898, impuesto en contra del señor BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10013898 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 12 -02 -23 al señor BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1072420866 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 59 BIS CON CR 8. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra en el interior del parque hippies al cual se le practica un registro a persona en donde se le encuentra en el lado derecho de la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo cuchillo” (sic); Descargos: “nada mi agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10013898 al señor(a) BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el ciudadano se encuentra en el interior del parque hippies al cual se le practica un registro a persona en donde se le encuentra en el lado derecho de la pretina del pantalón un arma cortopunzante tipo cuchillo (sic); Descargos: “nada mi agente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10013898 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “nada mi agente”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 12-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1072420866, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10013898 expediente Orfeo No 2023225490125446E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERMUDEZ RINCON JOSE MANUEL mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1072420866, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10007373, impuesto en contra del señor BERNAL  JOSE VICENTE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10007373 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07 -02 -23 al señor BERNAL  JOSE VICENTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79418915 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 139 KR 104. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se le encuentra mediante registro a personas 01 arma cortopunzante tipo navaja en el bolso” (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10007373 al señor(a) BERNAL  JOSE VICENTE por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ el ciudadano en mención se le encuentra mediante registro a personas 01 arma cortopunzante tipo navaja en el bolso (sic); Descargos: “para defenderme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10007373 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para defenderme”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 07-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BERNAL  JOSE VICENTE y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BERNAL  JOSE VICENTE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 79418915, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10007373 expediente Orfeo No 2023225490122710E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERNAL  JOSE VICENTE mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 79418915, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10009006, impuesto en contra del señor BERNAL  JOSE VICENTE identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10009006 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 08 -02 -23 al señor BERNAL  JOSE VICENTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79418915 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 142 AK 104. En la descripción del comportamiento se indica: “por medio de registro a personas se le encuentra 01 arma cortopunzante tipo navaja la llevaba dentro de su bolso” (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10009006 al señor(a) BERNAL  JOSE VICENTE por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ por medio de registro a personas se le encuentra 01 arma cortopunzante tipo navaja la llevaba dentro de su bolso (sic); Descargos: “para mi defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10009006 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 08-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BERNAL  JOSE VICENTE y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BERNAL  JOSE VICENTE mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 79418915, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10009006 expediente Orfeo No 2023225490123138E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERNAL  JOSE VICENTE mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 79418915, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-68568, impuesto en contra del señor BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-68568 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 02 -03 -22 al señor BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1019039341 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 134 A 147 B. En la descripción del comportamiento se indica: “mendiante labores de patrullaje se le realiza un registro a persona hallándole un elemento cortopuzante tipo cuchillo empuñadura de madera de color cafe, se le encuentra en la pretina del pantalón.” (sic); Descargos: “para mi protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-68568 al señor(a) BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mendiante labores de patrullaje se le realiza un registro a persona hallándole un elemento cortopuzante tipo cuchillo empuñadura de madera de color cafe, se le encuentra en la pretina del pantalón. (sic); Descargos: “para mi protección”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-68568 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para mi protección”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 02-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1019039341, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-68568 expediente Orfeo No 2022223490135707E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BETANCOURT GARCIA EDWIN ALEXANDER mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1019039341, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-65848, impuesto en contra del señor BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-65848 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 28 -02 -22 al señor BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1110454536 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 91 CL 127 A. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopurzante tipo cuchillo” (sic); Descargos: “para las liebres”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-65848 al señor(a) BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le halla 01 arma cortopurzante tipo cuchillo (sic); Descargos: “para las liebres”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-65848 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “para las liebres”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 28-02-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1110454536, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-65848 expediente Orfeo No 2022223490133846E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BETANCOURT ROMERO MIGUEL ANGEL mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1110454536, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-17130, impuesto en contra del señor BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-17130 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17 -01 -23 al señor BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1018472158 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 173 CON AUTO NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante registro a persona se le encuentra una navaja marca stanless dentro de un bolso” (sic); Descargos: “es para mí defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-17130 al señor(a) BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante registro a persona se le encuentra una navaja marca stanless dentro de un bolso (sic); Descargos: “es para mí defensa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-17130 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “es para mí defensa”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 17-01-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1018472158, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-17130 expediente Orfeo No 2023225490112897E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BETANCUR GONZALEZ MILTON CESAR mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1018472158, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-69818, impuesto en contra del señor BOHORQUEZ SALINAS DANIEL identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-69818 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 04 -03 -22 al señor BOHORQUEZ SALINAS DANIEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 80158464 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 134 A KR 147 B. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrulla, se realiza un registro a persona  a la persona en mención. donde se le encontró en la pretina del pantalon en su parte izquierda un arma al parecer corto pulsante” (sic); Descargos: “la utilizo por defensa persona”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2022-69818 al señor(a) BOHORQUEZ SALINAS DANIEL por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ mediante labores de patrulla, se realiza un registro a persona  a la persona en mención. donde se le encontró en la pretina del pantalon en su parte izquierda un arma al parecer corto pulsante (sic); Descargos: “la utilizo por defensa persona”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2022-69818 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “la utilizo por defensa persona”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 04-03-22, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BOHORQUEZ SALINAS DANIEL y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BOHORQUEZ SALINAS DANIEL mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 80158464, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2022-69818 expediente Orfeo No 2022223490135060E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOHORQUEZ SALINAS DANIEL mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 80158464, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2022), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($133.333)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-36059, impuesto en contra del señor BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-36059 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 01 -02 -23 al señor BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1001799561 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AVENIDA AMÉRICAS 71. En la descripción del comportamiento se indica: “Mediante registro a personas en la estación de Transmilenio avenida América avenida Boyacá, le hallo al ciudadano 01 elemento cortopunzante tipo cuchillo sin marca empuñadura en madera” (sic); Descargos: “manifiesta el ciudadano que portaba el elemento cortopunzante para su trabajo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-36059 al señor(a) BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ Mediante registro a personas en la estación de Transmilenio avenida América avenida Boyacá, le hallo al ciudadano 01 elemento cortopunzante tipo cuchillo sin marca empuñadura en madera (sic); Descargos: “manifiesta el ciudadano que portaba el elemento cortopunzante para su trabajo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-36059 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “manifiesta el ciudadano que portaba el elemento cortopunzante para su trabajo”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 01-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.
De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
 
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1001799561, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-36059 expediente Orfeo No 2023225490119637E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOLIVAR MARTINEZ ADALBERTO mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1001799561, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
                                                                
                                                                                                                         
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33

1. ASUNTO A TRATAR

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10001201, impuesto en contra del señor BOLIVAR PEÑA ANDRES identificado como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1. SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.
Así mismo,  dentro de  sus  atribuciones,  tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo  206 y 223A de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.
3. ANTECEDENTES
El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2023-10001201 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 02 -02 -23 al señor BOLIVAR PEÑA ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1030620991 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior mediante auto del 4 de julio de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes. 
4. PRUEBAS
Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo relacionado por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 122 CRA 20. En la descripción del comportamiento se indica: “En labores de patrullaje registro y control se observa un ciudadano de sexo masculino que viste pantalón jean negro camisa verde oscura el cual al momento de solicitar un registro a persona se le encuentra un arma corto punzante tipo cuchillo hoja metálica empuñadura plástica negra sin marca por tal motivo se procede a realizar la respectiva orden de comparendo” (sic); Descargos: “la tengo por mi trabajo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “NO” quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016
Así las cosas, se procede a decidir conforme a derecho, de acuerdo con las siguientes:
 
5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
 
5.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:
Artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, que determina:
“(..) ARTÍCULO 27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:
Numeral 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. (..)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.
Es de advertir, por parte de este Despacho sobre la existencia y legalidad del comparendo impuesto al ciudadano(a) por infringir norma de convivencia ciudadana al tenor de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, documentos públicos de los cuales se presume la validez y veracidad de su contenido, y que en esta audiencia no se ha aportado prueba que desvirtúe lo contrario, es por ello que se ha consultado la página LICO - Liquidador de Comparendos de Bogotá - en donde se observa que a la fecha no se ha cancelado el referido comparendo. Adicionalmente este Despacho tendrá como ciertos los hechos que dieron lugar a la imposición de este y que plasma el comportamiento contrario a la convivencia, conducta que se encuentra definida en el artículo 27, numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se resolverá de fondo de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.
5.2.  Del caso en concreto
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento de la orden de comparendo por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia elaboró el comparendo N° 2 expediente de policía 11-001-6-2023-10001201 al señor(a) BOLIVAR PEÑA ANDRES por la infracción descrita en el Artículo. 27 numeral. 6 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
En la descripción del comportamiento se indica: “ En labores de patrullaje registro y control se observa un ciudadano de sexo masculino que viste pantalón jean negro camisa verde oscura el cual al momento de solicitar un registro a persona se le encuentra un arma corto punzante tipo cuchillo hoja metálica empuñadura plástica negra sin marca por tal motivo se procede a realizar la respectiva orden de comparendo (sic); Descargos: “la tengo por mi trabajo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 2 de competencia del inspector de policía y destrucción del bien de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “No”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia.
Como consta en el expediente, el ciudadano (a) no manifestó desacuerdo con el señalamiento de las medidas correctivas (multa y destrucción del bien) indicadas en la orden de comparendo, ni se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la medida.
Efectivamente, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en el Sistema liquidador de comparendos y para registro de cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidenció que la medida correctiva consistente en Multa tipo II señalada en la orden de comparendo N° 11-001-6-2023-10001201 impuesto al ciudadano (a), se encuentra en estado “EN PROCESO.”
Respecto a la tipicidad de la conducta que se reprocha, se tiene que para la época de los hechos estaba vigente el articulo 27 numeral 6 de la Ley 1801 de 2016, el cual le es aplicable al caso y por ende resultaba ser el fundamento de la actuación policial, como en efecto se presenta.
Ahora bien, de lo manifestado por el presunto infractor como justificación de su actuar, dentro de la orden de comparendo, a saber: “la tengo por mi trabajo”. En ese sentido, se evidencia que el ciudadano acepto el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo portaba. Adicionalmente, se observa en el comparendo que los medios  de  policías  utilizados  por  el uniformado de la policía,  en los que se  encuentran orden de policía,  registro  a  persona,  retiro  del  sitio y  la incautación  por  lo  que   queda  demostrado  que  el  ciudadano (a),  portaba  un  arma corto punzante en espacio público en la fecha 02-02-23, sin encontrarse amparado bajo la excepción de  que tal  elemento  constituyera  una  herramienta propia de  su  actividad  deportiva,  oficio,  profesión  o estudio.De la misma manera los descargos rendidos el día del acaecimiento del hecho resultan insuficiente y precarios para eximirlo (a) de responsabilidad en la realización de la conducta contraria a la convivencia, así como tampoco es causal válida para su actuar contrario a las normas de policía.

1. SOBRE LA VIABILIDAD DE ABRIR TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO

Teniendo en cuenta, que la fecha de los hechos registrada en el expediente de policía sugiere que el comportamiento contrario a la convivencia fue cometido con posterioridad al 25 de enero del año 2022, y según se observa el presunto infractor no objetó ni apeló la imposición del comparendo, este despacho debe proceder conforme lo indica el literal b del artículo 223A a la ley 1801 de 2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022 -corregido por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022 el cual dicta “b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
Así las cosas, este despacho no iniciará el proceso abreviado descrito en el artículo 223 de la ley en cita y procederá a emitir el fallo que resolverá la imposición o no de la multa, atendiendo a los principios orientadores del proceso policivo, como lo establece el literal a del articulo 223 A, que señala:
“a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado.” (Lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)
6. SENTIDO DEL FALLO
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 1801 de 2016 en su Artículo 8 numeral 12 señala: Proporcionalidad y razonabilidad: “La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma…” Y el numeral 13 que señala: “Podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 
Aunado a lo anterior, tal como lo ha indicado la jurisprudencia especialmente en la Sentencia C-492 de 2005, las actividades  de la Policía Nacional se desarrollan dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos, pues los medios y medidas se encuentran sometidas“ a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”. Así lo indicó la sentencia que se reitera: “La actividad de policía que desempeñan los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se encuentra limitada por los aspectos señalados para el poder y la función de policía. Además, el ejercicio de la actividad de policía requiere, en extremo, cumplir con el respeto de los derechos y libertades de las personas.”
Dado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es adoptada en respeto a los límites constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía y la afectación de la convivencia hacen necesario que la autoridad de policía, mediante el agotamiento de los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.
 
En el caso que nos ocupa, este despacho logra establecer que la descripción del comportamiento del presunto infractor constituye una grave violación a las categorías jurídicas tuteladas por la Ley, por ende este despacho, en procura de conocer la situación que en la actualidad presenta el presunto contraventor en cuanto a su comportamiento social, evidencia que cuenta con otros comparendos por el mismo comportamiento, como consta en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) de fechas anteriores al comparendo bajo estudio.
 
Por lo anterior, se evidencia del presunto infractor el incumpliendo de manera reiterada del comportamiento objeto de análisis y asimismo desacatando la orden de policía, siendo su conducta reiterativa y pública. Así las cosas para esta inspección se trata pues de otorgar una garantía de protección de los derechos de la colectividad que se ven afectados por los comportamientos desplegados en Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público,  salvo quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, en consecuencia, para este despacho es claro que la renuencia en cumplir con los lineamientos policivos es una justa causa para imponer las medidas correctivas señaladas.
 
Es así como atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad consignados en los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que la medida correctiva de multa señalada por el legislador, es  necesaria para promover la convivencia y propiciar el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano, así como con los medios de policía aplicados al caso en concreto, puesto que con ello efectivamente, se promueve la convivencia social, al igual que se propicia el respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano en aplicación de los principios orientadores de la función policiva como protección del interés general basado en una convivencia armónica, cuyas medidas deben estar dirigidas a su conservación y restablecimiento.
 
Con fundamento en lo anterior, esta inspección de policía declarará infractor al señor (a) BOLIVAR PEÑA ANDRES y dispondrá imponer las medidas correctivas señaladas; esto es, la medida de multa General Tipo 2. Ahora bien, en aplicación al principio de favorabilidad y conforme la modificación realizada al artículo 180 de la Ley 1801 mediante Ley 2197 de 2022 articulo 42, el valor de la multa a imponer es equivalente a cuatro (4) SMDLV que para la fecha en que realizó el comportamiento contrario a la convivencia, corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE, no con el ánimo de restringir derechos individuales y sí de procurar la no reincidencia en este y otros comportamientos que afecten a la colectividad y a la sana convivencia
 
Por lo anteriormente expuesto, la inspección 33 Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales y por mandato de ley:
 
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 27. numeral 6 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a), BOLIVAR PEÑA ANDRES mayor de edad, identificado (a) con el documento cédula de ciudadanía número 1030620991, por la conducta descrita en la orden de comparendo No. 2 expediente de policía No. 11-001-6-2023-10001201 expediente Orfeo No 2023225490120412E conforme la parte motiva del presente proveído.
 
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOLIVAR PEÑA ANDRES mayor de edad, identificado(a) con el documento cédula de ciudadanía número 1030620991, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo de comportamiento (Artículo. 27. Numeral. 6), equivalentes a 4 SMDLV que para el año (2023), en que se cometió el comportamiento corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($154.664)
 
TERCERO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, como quiera que no se encontró dentro del expediente de policía dirección física, correo electrónico, o dato adicional alguno que pueda ser útil para que se surta la notificación personal correspondiente.
 
CUARTO:  Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.
Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.
 
QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena a la auxiliar administrativa que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
 
                                                                                                                           
ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
Inspectora De Policia-D-33