Citación Audiencias Públicas

INSPECCIÓN DE DESCONGESTIÓN D-33 DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCADÍA MAYOR DE BOGOTÁ
NOTIFICACION POR ESTADO
N°3 de 2023
 

 
SE FIJA LA PRESENTE EN EL DESPACHO DE LA INSPECCION D-33 UBICADA EN EL CADE DE SERVITA POR EL TERMINO LEGAL SIENDO LAS (7 :00  AM ) DE LA MAÑANA EL DIA 13 DE MARZO DE 2023, SE DESFIJARA A LAS (4:30 PM )  DE LA TARDE

 
JULIO CESAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA
Auxiliar Administrativo
 
Elaborado por: Auxiliar Administrativo

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101940E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-45488
PRESUNTO INFRACTOR    ACOSTA CARDENAS FAUSTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80424212

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-45488, impuesto en contra del señor/a ACOSTA CARDENAS FAUSTO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 45488 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23/01/2021 al señor/a ACOSTA CARDENAS FAUSTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80424212 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-45488 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AC 91 CARRE 8. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba ingerido bebidas alcohólicas en vía pública violando el decreto 023 del 19 del 2020” (sic); Descargos: “por que me dio sed”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105754E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-226397
PRESUNTO INFRACTOR    ACOSTA GOMEZ YILIAM YURANI
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000465494

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-226397, impuesto en contra del señor/a ACOSTA GOMEZ YILIAM YURANI identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 226397 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 01/05/2021 al señor/a ACOSTA GOMEZ YILIAM YURANI identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000465494 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-226397 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 123 KR 15. En la descripción del comportamiento se indica: “ciudadana que se encontro en via publica violentando el aislamiento obligatotio sin justificacion valida , por lo que procede a realizar la medida correctiva segun lo establecido por ls alcaldia mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “no dice nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490100907E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-243565
PRESUNTO INFRACTOR    AGUDELO NAVARRO WILLIAM
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80248625

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-243565, impuesto en contra del señor/a AGUDELO NAVARRO WILLIAM identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 243565 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 03/05/2020 al señor/a AGUDELO NAVARRO WILLIAM identificado con la cédula de ciudadanía No. 80248625 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-243565 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 81 G CL 34 B SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba sin razón justificada incumpliendo el decreto 121 de la alcaldía mayor de Bogotá y decreto presidencial 593, al encontrarse en vía publica reunido con otros sujetos sin realizar ninguna actividad descrita en las excepciones de los decretos del aislamiento” (sic); Descargos: “manifiesta que salió a dar una vuelta”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490107517E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-486275
PRESUNTO INFRACTOR    AGUILAR CONTRERAS CARLOS JULIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79107593

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-486275, impuesto en contra del señor/a AGUILAR CONTRERAS CARLOS JULIO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 486275 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/09/2020 al señor/a AGUILAR CONTRERAS CARLOS JULIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79107593 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-486275 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 181 KR 9. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público sin ninguna justificación desacatando el decreto 193 del 26 de agosto del 2020 de alcaldía mayor de bogota” (sic); Descargos: “no sabía”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101491E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-174640
PRESUNTO INFRACTOR    AGUIRRE LATORRE ARTURO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79987618

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-174640, impuesto en contra del señor/a AGUIRRE LATORRE ARTURO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 174640 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 28/05/2022 al señor/a AGUIRRE LATORRE ARTURO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79987618 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-174640 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 187 B KR 5. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando labores de registro y control se observa a la altura de la calle 187 B con carrera 5 establecimiento abierto al público sin razon social y en su interior el ciudadano el cual infringe el decreto presidencial 840 del 25 de mayo del 2022” (sic); Descargos: “no sabía del decreto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102410E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-63985
PRESUNTO INFRACTOR    ARAQUE DE SALVADOR JHON ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79983466

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-63985, impuesto en contra del señor/a ARAQUE DE SALVADOR JHON ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 63985 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 31/01/2021 al señor/a ARAQUE DE SALVADOR JHON ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 79983466 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-63985 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 183 KR 0. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba incumpliendo el decreto 032 del 28 de enero del 2021 artículo 3 " restricción a la movilidad "” (sic); Descargos: “porq puedo tomar y hacer lo que yo quiera”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490105982E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-450131
PRESUNTO INFRACTOR    AVILA RAMIREZ DIEGO FERNANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80035227

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-450131, impuesto en contra del señor/a AVILA RAMIREZ DIEGO FERNANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 450131 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 18/08/2020 al señor/a AVILA RAMIREZ DIEGO FERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80035227 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-450131 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 10 CL 6. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano incumple orden de policía notificada a través del decreto 169 del 2020 artículo 4 toda vez que se encuentra circulando por vía pública y no cumple con los elementos de bioseguridad como es el uso del tapabocas” (sic); Descargos: “se me perdió”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490109049E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-521388
PRESUNTO INFRACTOR    BALLEN VALBUENA LUIS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79823548

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-521388, impuesto en contra del señor/a BALLEN VALBUENA LUIS identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 521388 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17/10/2020 al señor/a BALLEN VALBUENA LUIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79823548 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-521388 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 117 KR 7. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra vendiendo y permitiendo el consumo de bebidas embriagantes en su establecimiento el cual no cuenta con los respectivos documentos para su funcionamiento” (sic); Descargos: “no sabia que no se podía”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490104754E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-197866
PRESUNTO INFRACTOR    BARON GONZALEZ JOSE HENRY
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79256297

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-197866, impuesto en contra del señor/a BARON GONZALEZ JOSE HENRY identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 197866 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16/04/2021 al señor/a BARON GONZALEZ JOSE HENRY identificado con la cédula de ciudadanía No. 79256297 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-197866 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AK 14 AC 49. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mencion es sorprendido en la calle desacatando el decreto 144 emanado por la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “me comprometo a cumplir los decretos emanados por la alcaldía mayor de bogota”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490100644E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-12721
PRESUNTO INFRACTOR    BARON SANTISTEBAN PEDRO JOSE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79318703

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-12721, impuesto en contra del señor/a BARON SANTISTEBAN PEDRO JOSE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 12721 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09/01/2021 al señor/a BARON SANTISTEBAN PEDRO JOSE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79318703 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-12721 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 163 A KR 1 B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en via pública consumiendo bebidas embriagantes incumpliendo el decreto 10 emanado por la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “me invitaron a tomar una cerveza”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490106369E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-446212
PRESUNTO INFRACTOR    BARRAGAN CUERVO JHON OSWALDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79810060

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-446212, impuesto en contra del señor/a BARRAGAN CUERVO JHON OSWALDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 446212 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16/08/2020 al señor/a BARRAGAN CUERVO JHON OSWALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79810060 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-446212 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 81 C KR 6 C ESTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención es sorprendido consumiendo bebidas embriagantes” (sic); Descargos: “me estaba tomando una pa la sed”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490105886E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-450034
PRESUNTO INFRACTOR    BAUTISTA MORENO JUAN DAVID
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000118606

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-450034, impuesto en contra del señor/a BAUTISTA MORENO JUAN DAVID identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 450034 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 18/08/2020 al señor/a BAUTISTA MORENO JUAN DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000118606 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-450034 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 80 J CL 73 D SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra en vía pública sin justificación, desacatando decreto 169 del 12 de Julio Dr 2020, modificado por el decreto 179 del 31 de Julio de 2020 de la alcaldía mayor de Bogota” (sic); Descargos: “acompañando a un amigo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105053E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-208020
PRESUNTO INFRACTOR    BAYONA RATIVA JUAN CAMILO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000571403

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-208020, impuesto en contra del señor/a BAYONA RATIVA JUAN CAMILO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 208020 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 21/04/2021 al señor/a BAYONA RATIVA JUAN CAMILO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000571403 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-208020 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 4 CL 190 A. En la descripción del comportamiento se indica: “Se observa el sujeto en vía pública sin el uso adecuado del tapabocas incumpliendo decreto 061 del 28 de febrero del 2021 de la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “no pues nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101752E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-203799
PRESUNTO INFRACTOR    BUCHELLY CHARRY GLORIA LILIANA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    52040266

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-203799, impuesto en contra del señor/a BUCHELLY CHARRY GLORIA LILIANA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 203799 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/06/2022 al señor/a BUCHELLY CHARRY GLORIA LILIANA identificado con la cédula de ciudadanía No. 52040266 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-203799 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 7 CL 182. En la descripción del comportamiento se indica: “se observa la ciudadana en su vehículo de placas BFY 176 el cual tiene publicidad de un candidato electoral se procede a realizar un registro al vehículo ya que se encuentra en frente de un colegio, al momento de verificar el vehículo se le encuentra publicidad electoral por el cual se le realiza el respectivo comparendo por incumplimiento presidencial de esto la señorita manifiesta no firmar el comparendo” (sic); Descargos: “no aporta”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490103409E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-347824
PRESUNTO INFRACTOR    BUITRAGO EDWIN ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80777754

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-347824, impuesto en contra del señor/a BUITRAGO EDWIN ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 347824 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23/06/2020 al señor/a BUITRAGO EDWIN ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 80777754 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-347824 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 28 KR 5. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje se observa al ciudadano en mención en via pública sin tapabocas incumpliendo el decreto Distrital 143 su artículo 3 numeral 1 uso obligatorio del tapaboca” (sic); Descargos: “sele quedo en la casa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490103659E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-126917
PRESUNTO INFRACTOR    CABALLERO MONTAÑO CHARLIS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79579186

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-126917, impuesto en contra del señor/a CABALLERO MONTAÑO CHARLIS identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 126917 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06/03/2021 al señor/a CABALLERO MONTAÑO CHARLIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79579186 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-126917 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 87 D BIS CL 56 D. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en vía pública sin el adecuado uso del tapabocas desacatando decreto 061 de la alcaldía mayor de Bogota” (sic); Descargos: “no me gusta ponerme esa maricada y además yo trabajo en la alcaldía”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490111041E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-566832
PRESUNTO INFRACTOR    CABEZAS RUIZ JOSE ARTURO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80142727

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-566832, impuesto en contra del señor/a CABEZAS RUIZ JOSE ARTURO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 566832 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 28/11/2020 al señor/a CABEZAS RUIZ JOSE ARTURO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80142727 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-566832 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 18 CL 116. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba deambulando en vía pública sin llevar las medidas de bioseguridad pertinentes como lo es el uso obligatorio del tabocas, y al parecer se encuentra en estado de embriaguez, el cual se encuentra desacatando y desobedeciendo decreto 240 emanado por la alcaldía mayor” (sic); Descargos: “no se”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102062E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-50671
PRESUNTO INFRACTOR    CALDERON SALCEDO JAIRO ANDRES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80771405

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-50671, impuesto en contra del señor/a CALDERON SALCEDO JAIRO ANDRES identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 50671 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/01/2021 al señor/a CALDERON SALCEDO JAIRO ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 80771405 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-50671 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 140 CON CARRERA 11. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra incumpliendo el decreto 021 del 15 enero del 2021 de l alcaldía mayor de Bogotá sin tener tapabocas en vía pública” (sic); Descargos: “va haciendo deporte”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020583490105743E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-282360
PRESUNTO INFRACTOR    CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80146778

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-282360, impuesto en contra del señor/a CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 282360 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 20/05/2020 al señor/a CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 80146778 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-282360 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 9 KR 80. En la descripción del comportamiento se indica: “el.ciudadano en mencion se encuentra en vía publica incumpliendo el.decreto 126 sin tapabocas” (sic); Descargos: “por que quiero”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102086E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-149445
PRESUNTO INFRACTOR    CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80146778

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-149445, impuesto en contra del señor/a CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 149445 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 24/03/2020 al señor/a CAMACHO CHAVES DEIBY ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 80146778 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-149445 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 144 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “Desacato del decreto 091, se encuentra transitando por la estacion de transmilenio, no presenta soporte que le permita hacerlo o haber salido de su lugar de residencia, el cual manifiesta que reside en la localidad de Bosa.” (sic); Descargos: “Manifiesta que desconocia el decreto que se encuentra, ahora vigente.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490109120E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-499981
PRESUNTO INFRACTOR    CASTELLANOS GARZON RODOLFO HECTOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80176757

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-499981, impuesto en contra del señor/a CASTELLANOS GARZON RODOLFO HECTOR identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 499981 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 26/09/2020 al señor/a CASTELLANOS GARZON RODOLFO HECTOR identificado con la cédula de ciudadanía No. 80176757 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-499981 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 13 A CALLE 20. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba deambulando en estado de indefensión en vía pública sin usar el tapabocas o máscara incumpliendo el decreto 107 de la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “se me olvido ponermelo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102490E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-62989
PRESUNTO INFRACTOR    CASTIBLANCO PINZON LUIS EDWIN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80102272

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-62989, impuesto en contra del señor/a CASTIBLANCO PINZON LUIS EDWIN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 62989 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30/01/2021 al señor/a CASTIBLANCO PINZON LUIS EDWIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 80102272 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-62989 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 122 KR 15. En la descripción del comportamiento se indica: “elmciudadano se encuentra en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas, el cual se encuentra desacatando y desobedeciendo decreto 032 emanado por la alcaldía mayor” (sic); Descargos: “nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101889E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-47440
PRESUNTO INFRACTOR    CASTILLO CASTRO EDUARD STEVEN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000575432

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-47440, impuesto en contra del señor/a CASTILLO CASTRO EDUARD STEVEN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 47440 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 24/01/2021 al señor/a CASTILLO CASTRO EDUARD STEVEN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000575432 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-47440 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 174 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano es sorprendido dentro del sistema de transporte masivo estacion portal norte incumpliendo el decreto 023 del 19 de enero del 2021 articulo 1, restricciones a la movilidad emanado por la alcaldia mayor de bogota, que rigue desde el dia 22 de enero del 2021 hasta las 04:00 am del dia 25 de enero del 2021, sin encontrarse dentro de las excepciones de dicho decreto” (sic); Descargos: “tenia que salir a unos cumpleaños”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490102881E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-335465
PRESUNTO INFRACTOR    CASTILLO LARA FABIO RICARDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80255388

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-335465, impuesto en contra del señor/a CASTILLO LARA FABIO RICARDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 335465 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 15/10/2022 al señor/a CASTILLO LARA FABIO RICARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80255388 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-335465 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 6 A 118 57. En la descripción del comportamiento se indica: “ciudadano en mencion desacato la orden proferida mediante resolución 271 del 18 de julio del 2019 hermanado por el departamento administrativo del espacio público donde especifica que es zona recuperada desde la carrera 4 hasta la av 7 entre calles 116 a la 120 y como no son personas reconocida por el ipes o con permiso del aprovechamiento del espacio público” (sic); Descargos: “vine a trabajar para ganarme mi sustento”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490103666E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-127546
PRESUNTO INFRACTOR    CASTRO PINEDA DARLYN JOHULYN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000047220

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-127546, impuesto en contra del señor/a CASTRO PINEDA DARLYN JOHULYN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 127546 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06/03/2021 al señor/a CASTRO PINEDA DARLYN JOHULYN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000047220 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-127546 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 7 CL 16. En la descripción del comportamiento se indica: “la ciudadana se encontraba transitando por la vía pública sin el uso de tapabocas infringiendo el decreto 055” (sic); Descargos: “manifiesta que esta tomando”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490102900E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-316658
PRESUNTO INFRACTOR    CERINZA SANDOVAL CESAR AUGUSTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79711816

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-316658, impuesto en contra del señor/a CERINZA SANDOVAL CESAR AUGUSTO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 316658 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/06/2020 al señor/a CERINZA SANDOVAL CESAR AUGUSTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79711816 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-316658 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 51 C KR 81 B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encuentra tomando en vía pública violando las medidas preventivas que establece la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “porque quería tomarme unas cervezas”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490100618E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-12186
PRESUNTO INFRACTOR    CHACON GARNICA CARLOS ALBERTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    91178030

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-12186, impuesto en contra del señor/a CHACON GARNICA CARLOS ALBERTO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 12186 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09/01/2021 al señor/a CHACON GARNICA CARLOS ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 91178030 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-12186 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AUTO NORTE CON CALLE 148. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido en el sistema de transporte masivo en la estacion de transmilenio calle 146.incumpliendo el decreto distrital 010 del 07 de enero del año 2021, sin encontrarse dentro de las exepciones.” (sic); Descargos: “no tenia conocimiento del decreto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102046E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-45660
PRESUNTO INFRACTOR    CHAVEZ DIAZ DANIEL FELIPE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000225151

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-45660, impuesto en contra del señor/a CHAVEZ DIAZ DANIEL FELIPE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 45660 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23/01/2021 al señor/a CHAVEZ DIAZ DANIEL FELIPE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000225151 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-45660 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CRA 10 AV JIMENEZ. En la descripción del comportamiento se indica: “en ciudadano se encontraba transitando en via publica ya que no se encuentra dentro de las excepciones del decreto” (sic); Descargos: “se estresa encerrado”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490102043E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-235482
PRESUNTO INFRACTOR    CHITIVA GARZON YAREN KARINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000180864

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-235482, impuesto en contra del señor/a CHITIVA GARZON YAREN KARINA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 235482 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/07/2022 al señor/a CHITIVA GARZON YAREN KARINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000180864 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-235482 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 187 KR 4. En la descripción del comportamiento se indica: “la ciudadana cuando se le pide una orden de registro a persona hace caso omiso desacatando la orden de policía” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105283E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-215406
PRESUNTO INFRACTOR    CHITIVA GUTIERREZ JOSE GONZALO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79942478

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-215406, impuesto en contra del señor/a CHITIVA GUTIERREZ JOSE GONZALO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 215406 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 24/04/2021 al señor/a CHITIVA GUTIERREZ JOSE GONZALO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79942478 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-215406 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 2 CL 190 B. En la descripción del comportamiento se indica: “se encuentra el sujeto en la calle incumpliendo el decreto 148 de la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “no aporta”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105031E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-206607
PRESUNTO INFRACTOR    COLORADO CLAVIJO JESUS ALONSO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80926646

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-206607, impuesto en contra del señor/a COLORADO CLAVIJO JESUS ALONSO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 206607 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 21/04/2021 al señor/a COLORADO CLAVIJO JESUS ALONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80926646 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-206607 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 189 KR 8 B. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano es sorprendido deambulando por la via publica desacatando el decreto 148 sin justificación alguna” (sic); Descargos: “por qué salí a dar una vuelta”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490104044E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-361426
PRESUNTO INFRACTOR    CONTRERAS BEJARANO HENRY DARIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79504827

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-361426, impuesto en contra del señor/a CONTRERAS BEJARANO HENRY DARIO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 361426 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30/06/2020 al señor/a CONTRERAS BEJARANO HENRY DARIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79504827 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-361426 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 13 B CL 75 A SES. En la descripción del comportamiento se indica: “en via publica se observa al ciudadano transitando sin hacer uso del tapabocas” (sic); Descargos: “se me quedo el tapabocas en la casa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490103942E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-227591
PRESUNTO INFRACTOR    CONTRERAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000366190

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-227591, impuesto en contra del señor/a CONTRERAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 227591 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/04/2020 al señor/a CONTRERAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000366190 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-227591 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 54 S 13C 78. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en la vía pública incumpliendo el decreto 106 sin justificación en compañía de una amiga” (sic); Descargos: “ivan a buscar trabajo por necesidad”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490107662E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-391368
PRESUNTO INFRACTOR    CORONADO SANABRIA JAVIER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80794465

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-391368, impuesto en contra del señor/a CORONADO SANABRIA JAVIER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 391368 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 14/09/2021 al señor/a CORONADO SANABRIA JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 80794465 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-391368 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 174 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra al interior del portal norte sin el uso obligatorio del tapa bocas” (sic); Descargos: “porque se me callo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490111586E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-576385
PRESUNTO INFRACTOR    CUBILLOS MOLINA RENE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80875826

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-576385, impuesto en contra del señor/a CUBILLOS MOLINA RENE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 576385 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/12/2020 al señor/a CUBILLOS MOLINA RENE identificado con la cédula de ciudadanía No. 80875826 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-576385 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 161 A KR 8 C. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en la vía pública ingiriendo bebidas embriagantes y sin ningun elemento de bioseguridad (tapabocas)” (sic); Descargos: “porque quiero y trabajo en la alcaldia”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490101490E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-260534
PRESUNTO INFRACTOR    CUERVO ANZOLA JOHN ARLEY
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79995401

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-260534, impuesto en contra del señor/a CUERVO ANZOLA JOHN ARLEY identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 260534 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10/05/2020 al señor/a CUERVO ANZOLA JOHN ARLEY identificado con la cédula de ciudadanía No. 79995401 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-260534 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 76 CON 57 R. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mencion es sorprendido infringiendo el decreto 593 del 26 de abril del 2020 emanado de la presidencia de la república y 121 del 26 de abril del 2020 emanado por la alcaldía mayor de Bogotá. Encontrandose deambulando en via publica en el día sin justificación alguna contemplada en los presentes decretos. motivo por el cual se le da aplicabilidad al 35#2 de la ley 1801 del 2016.” (sic); Descargos: “salí buscar comida”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490104528E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-379267
PRESUNTO INFRACTOR    DIAZ LUIS ENRIQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79277415

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-379267, impuesto en contra del señor/a DIAZ LUIS ENRIQUE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 379267 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10/07/2020 al señor/a DIAZ LUIS ENRIQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79277415 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-379267 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 87 C KR 5 A. En la descripción del comportamiento se indica: “el señor se encontraba con mas de 15 personas en el negoció” (sic); Descargos: “por que quiero y yo pago el comparendo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102354E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-59087
PRESUNTO INFRACTOR    DIAZ LINARES RAFAEL ARMANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79742677

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-59087, impuesto en contra del señor/a DIAZ LINARES RAFAEL ARMANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 59087 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 29/01/2021 al señor/a DIAZ LINARES RAFAEL ARMANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79742677 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-59087 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 122 KR 15 ORI. En la descripción del comportamiento se indica: “el señor ciudadano se encontraba en vía pública como también estacionado en vehículo de servicio público tipo taxi sin el uso obligatorio de tapabocas” (sic); Descargos: “el señor manifiesta que tenía el tapabocas puesto y cuando lo fuimos a abordar para realizar su respectiva verificación y consulta de antecedentes el se lo quitó”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490103292E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-195962
PRESUNTO INFRACTOR    DUARTE RODRIGUEZ JOSE MANUEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000619845

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-195962, impuesto en contra del señor/a DUARTE RODRIGUEZ JOSE MANUEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 195962 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 10/04/2020 al señor/a DUARTE RODRIGUEZ JOSE MANUEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000619845 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-195962 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 71 K KR 27 A SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “el día de hoy mediante control prevención y acatamiento de aislamiento preventivo fue sorprendido en la vía pública el señor antes mencionado desacatando decreto presidencial 457 del 22/03/2020 donde se verificó y el ciudadano no se encuentra en actividad contemplada dentro de las 34 excepciones enmarcadas en el presente decreto” (sic); Descargos: “quería salir por que estaba aburrido en la casa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490111588E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-576474
PRESUNTO INFRACTOR    FAJARDO MORENO EFREN EMILIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80187166

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-576474, impuesto en contra del señor/a FAJARDO MORENO EFREN EMILIO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 576474 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/12/2020 al señor/a FAJARDO MORENO EFREN EMILIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80187166 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-576474 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 7 H 159. En la descripción del comportamiento se indica: “se encontró el ciudadano sin tapabocas” (sic); Descargos: “por estaba durmiendo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102000E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-171220
PRESUNTO INFRACTOR    FALLA JOSE FARID
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79641622

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-171220, impuesto en contra del señor/a FALLA JOSE FARID identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 171220 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 01/04/2020 al señor/a FALLA JOSE FARID identificado con la cédula de ciudadanía No. 79641622 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-171220 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AUTOPISTA NORTE CON 174. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano desconoce el decreto 092” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102618E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-187869
PRESUNTO INFRACTOR    FUENTES ROA CIRO ALFONSO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79907753

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-187869, impuesto en contra del señor/a FUENTES ROA CIRO ALFONSO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 187869 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/04/2020 al señor/a FUENTES ROA CIRO ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79907753 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-187869 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CR 18 CLL 69SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en vía pública con sus amigos” (sic); Descargos: “porque estamos aburridos”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490104801E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-199579
PRESUNTO INFRACTOR    GARCIA ECHEVERRY MAURICIO JAVIER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80065156

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-199579, impuesto en contra del señor/a GARCIA ECHEVERRY MAURICIO JAVIER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 199579 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17/04/2021 al señor/a GARCIA ECHEVERRY MAURICIO JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 80065156 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-199579 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AU 166 NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano es sorprendido dentro del sistema de transmilenio violando el decreto 144 del 15 de abril 2021” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490108658E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-514549
PRESUNTO INFRACTOR    GARCIA ESPAÑA EDU
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79138756

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-514549, impuesto en contra del señor/a GARCIA ESPAÑA EDU identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 514549 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 11/10/2020 al señor/a GARCIA ESPAÑA EDU identificado con la cédula de ciudadanía No. 79138756 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-514549 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 82 CL 0 23. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontraba sin tapabocas sin conservar el distanciamiento dentro del establecimiento abierto al público de razón club y billar los primos incumpliendo el decreto 207 de la alcaldía de Bogotá” (sic); Descargos: “me encuentraba departiendo y hablando con mis amigos y tomando una gaseosa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490104266E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-179382
PRESUNTO INFRACTOR    GARCIA GARCIA JUAN CAMILO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000776294

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-179382, impuesto en contra del señor/a GARCIA GARCIA JUAN CAMILO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 179382 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06/04/2021 al señor/a GARCIA GARCIA JUAN CAMILO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000776294 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-179382 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 174 CON AUTOPISTA NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el cuidadano se encuentra en el portal norte sin el tapavocas” (sic); Descargos: “se me olvido”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102456E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-62570
PRESUNTO INFRACTOR    GARCIA GOMEZ ASHLY DANIELA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000456106

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-62570, impuesto en contra del señor/a GARCIA GOMEZ ASHLY DANIELA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 62570 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30/01/2021 al señor/a GARCIA GOMEZ ASHLY DANIELA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000456106 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-62570 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 125 BIS KR 20. En la descripción del comportamiento se indica: “la cuidada se encuentra ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, la cual se encuentra desacatando y desobedeciendo decreto 032 emanado por la alcaldía mayor” (sic); Descargos: “nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101023E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-22935
PRESUNTO INFRACTOR    GARCIA SANCHEZ GUSTAVO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79526812

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-22935, impuesto en contra del señor/a GARCIA SANCHEZ GUSTAVO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 22935 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 13/01/2021 al señor/a GARCIA SANCHEZ GUSTAVO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79526812 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-22935 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 166 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra en la estacion toberin infringiendo el decrero 10 del 7 de enero del 2021 no se encuentra dentro de las exepciones” (sic); Descargos: “desconozo la norma”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490106705E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-429813
PRESUNTO INFRACTOR    GIL NARVAEZ JAEN PIERRE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80212874

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-429813, impuesto en contra del señor/a GIL NARVAEZ JAEN PIERRE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 429813 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/08/2020 al señor/a GIL NARVAEZ JAEN PIERRE identificado con la cédula de ciudadanía No. 80212874 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-429813 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 41 KR 26 B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mension se encuentra en el parque consumiendo bebidas embriagantes ( cerveza ) en compañía de varias personas realizando una aglomeración incumpliendo con ello el decreto 169 del año 2020” (sic); Descargos: “nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490101740E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-162886
PRESUNTO INFRACTOR    GOMEZ RODRIGUEZ IVON TATIANA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000228099

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-162886, impuesto en contra del señor/a GOMEZ RODRIGUEZ IVON TATIANA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 162886 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 29/03/2020 al señor/a GOMEZ RODRIGUEZ IVON TATIANA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000228099 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-162886 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 174 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “La ciudada se encuentra por el portal de transmilenio, infringiendo el decreto 092, sin justificacion alguna.” (sic); Descargos: “Manifiesta que va para donde un amigo.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105380E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-217897
PRESUNTO INFRACTOR    GONZALEZ LEAL OSCAR WILLIAM
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80088417

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-217897, impuesto en contra del señor/a GONZALEZ LEAL OSCAR WILLIAM identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 217897 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/04/2021 al señor/a GONZALEZ LEAL OSCAR WILLIAM identificado con la cédula de ciudadanía No. 80088417 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-217897 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CRA 15 182-12. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano en se encontraba ingiiriendo bebdidas alcoholicas infriendo el toque de queda decretado por la alcaldía mayor de Bogotá decreto 148 del 20 de abril del 2021” (sic); Descargos: “El ciudadano no manifiesta nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490107303E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-347912
PRESUNTO INFRACTOR    GONZALEZ PARRA CARLOS RAUL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79308726

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-347912, impuesto en contra del señor/a GONZALEZ PARRA CARLOS RAUL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 347912 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 08/08/2021 al señor/a GONZALEZ PARRA CARLOS RAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 79308726 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-347912 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 72 KR 88 C SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “al ciudadano se a la orden en repetidas ocasiones de que por favor se retiene el sitio y culmine la actividad economica informal” (sic); Descargos: “no quiero”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102093E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-143501
PRESUNTO INFRACTOR    GRAJALES OLARTE JHON JAIRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79916872

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-143501, impuesto en contra del señor/a GRAJALES OLARTE JHON JAIRO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 143501 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 21/03/2020 al señor/a GRAJALES OLARTE JHON JAIRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79916872 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-143501 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 69 TV 72B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontró en vía pública junto con 2 personas más reunidos consumiendo sustancias prohibidas incumpliendo y desconociendo el decreto 090 del 19 de marzo del 2020” (sic); Descargos: “mi agente desconozco el decreto y de igual manera salí un rato de la casa a desestresarme”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102371E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-184568
PRESUNTO INFRACTOR    GRANADOS BALLESTEROS KEYDY MILENA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000221380

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-184568, impuesto en contra del señor/a GRANADOS BALLESTEROS KEYDY MILENA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 184568 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 05/04/2020 al señor/a GRANADOS BALLESTEROS KEYDY MILENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000221380 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-184568 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 2 KR 6 SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “la señora se encuentra por fuera de la residencia deambulando se le informa que esta deambulando el decreto 092 del 25 de marzo del 2020 se le hace el llamado de atención y se muestra reaciente a la orden de policia por loc cual se procede a realizar la medida correctiva” (sic); Descargos: “ya iba para la casa estaba dando un bote”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490109668E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-530360
PRESUNTO INFRACTOR    GUALTEROS AMAYA BERNIOL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79108026

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-530360, impuesto en contra del señor/a GUALTEROS AMAYA BERNIOL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 530360 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/10/2020 al señor/a GUALTEROS AMAYA BERNIOL identificado con la cédula de ciudadanía No. 79108026 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-530360 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA CALLE 187A 30. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido en vía pública sin estar usando el tapabocas incumpliendo el decreto 207 del 21 de septiembre del 2020.” (sic); Descargos: “me lo dejé en la casa”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490100513E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-11547
PRESUNTO INFRACTOR    GUEVARA MACIAS WILSON EDUIN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80503591

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-11547, impuesto en contra del señor/a GUEVARA MACIAS WILSON EDUIN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 11547 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09/01/2021 al señor/a GUEVARA MACIAS WILSON EDUIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 80503591 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-11547 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 127B #9. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontraba incumpliendo el decreto 010 del 07 de enero del 2021 emanado por la alcaldía mayor de bogota sin su respectivo tapabocas” (sic); Descargos: “desconocía el nuevo decreto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105360E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-217475
PRESUNTO INFRACTOR    GUTIERREZ HENAO WILLIAM ALBERTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    88210991

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-217475, impuesto en contra del señor/a GUTIERREZ HENAO WILLIAM ALBERTO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 217475 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/04/2021 al señor/a GUTIERREZ HENAO WILLIAM ALBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 88210991 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-217475 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 125 CON AUTO NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido en via publica infringuindo el decreto 148 del 20 de abril del 2021 de la alcaldia mayor de bogota aislamiento obligatorio” (sic); Descargos: “tenia que salir”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490107769E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-493904
PRESUNTO INFRACTOR    GUTIERREZ VILLAMARIN JOSE FRANCISCO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79949450

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-493904, impuesto en contra del señor/a GUTIERREZ VILLAMARIN JOSE FRANCISCO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 493904 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 18/09/2020 al señor/a GUTIERREZ VILLAMARIN JOSE FRANCISCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79949450 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-493904 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 189 KR 4 B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encuentra consumiendo bebidas alcohólicas en via PUBLICA incumpliendo el DECRETO 193 del 26-08-2020 en su artículo 11” (sic); Descargos: “estábamos compartiendo con unos amigos”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490104861E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-200946
PRESUNTO INFRACTOR    HERNANDEZ PALOMARES RUBEN DARIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80878886

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-200946, impuesto en contra del señor/a HERNANDEZ PALOMARES RUBEN DARIO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 200946 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17/04/2021 al señor/a HERNANDEZ PALOMARES RUBEN DARIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80878886 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-200946 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 174 AUTOPISTANORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido transitando trasporte masivo incumpliendo decreto 144 del 15,16,17 de abril del presente año,emanada por la alcaldia mayor fe bogota sin encontrarse dentro de las exepciones de dicho decreto” (sic); Descargos: “lo manifestado no les dieron el permiso correspondiente”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102399E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-63918
PRESUNTO INFRACTOR    HERNANDEZ ROZO GIOVANNY LEONARDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80094486

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-63918, impuesto en contra del señor/a HERNANDEZ ROZO GIOVANNY LEONARDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 63918 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 31/01/2021 al señor/a HERNANDEZ ROZO GIOVANNY LEONARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80094486 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-63918 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 8 F # 161-46. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra transitando sin justificando alguna incumpliendo el decreto 032 de la Alcaldia Mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “estaba acompañando a mi novia”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490106572E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-278724
PRESUNTO INFRACTOR    HERRERA LIMAS MIGUEL ANGEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000949152

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-278724, impuesto en contra del señor/a HERRERA LIMAS MIGUEL ANGEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 278724 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 11/06/2021 al señor/a HERRERA LIMAS MIGUEL ANGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000949152 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-278724 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 185 KR 4. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano se encuentra deambulando o movilizándose sin el uso obligatorio del tapa bocas desacatando el decreto vigente” (sic); Descargos: “por qué no tengo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105540E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-221863
PRESUNTO INFRACTOR    HERRERA PLAZAS DIEGO FERNANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79691649

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-221863, impuesto en contra del señor/a HERRERA PLAZAS DIEGO FERNANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 221863 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 28/04/2021 al señor/a HERRERA PLAZAS DIEGO FERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79691649 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-221863 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 168 CON 13. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando registro y control se observa al ciudadano en mención incumpliendo el decreto 157 del 25 de abril del 2021 expedido por la alcaldía mayor de bogota, donde manifiesta la restricción de la movilidad y el aislamiento obligatorio, el cual el ciudadano se encontraba transitando en via pública sin justificación alguna.” (sic); Descargos: “porque soy consumidor y salí a fumar un baretico.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105114E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-210959
PRESUNTO INFRACTOR    HUERTAS SANCHEZ EDWIN FERNANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80102184

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-210959, impuesto en contra del señor/a HUERTAS SANCHEZ EDWIN FERNANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 210959 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23/04/2021 al señor/a HUERTAS SANCHEZ EDWIN FERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80102184 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-210959 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 174 AUTOPISTANORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido dentro del sistema de trasporte masivo portal norteincumpliendo el decreto 148 del 20 de abril del 2021restriccion a la moviladad para los dias 23,24 y 25 emanado por la alcaldia mayor de bogota sin encontrarse dentro de las exepciones de dicho decreto” (sic); Descargos: “no sabia sobre el decreto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490101742E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-272913
PRESUNTO INFRACTOR    LIZARAZO GARZON BAYRON
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000155379

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-272913, impuesto en contra del señor/a LIZARAZO GARZON BAYRON identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 272913 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16/05/2020 al señor/a LIZARAZO GARZON BAYRON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000155379 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-272913 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 68 J CL 39 A. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encuentra en vía publica incumpliendo él registro sanitario” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020584490108010E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-181122
PRESUNTO INFRACTOR    LIZARAZO GARZON BAYRON
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000155379

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-181122, impuesto en contra del señor/a LIZARAZO GARZON BAYRON identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 181122 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 04/04/2020 al señor/a LIZARAZO GARZON BAYRON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000155379 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-181122 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 68 J BIS CL 37 SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en el parque del barrio Carvajal con otro ciudadano acostados en el pasto del mismo incumpliendo el decreto Distrital 092 del 2020” (sic); Descargos: “estaba aburrido en la casa y salí a hablar con mi amigo en el parque”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101731E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-40671
PRESUNTO INFRACTOR    LLANOS MIGUEL ANGEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80123009

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-40671, impuesto en contra del señor/a LLANOS MIGUEL ANGEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 40671 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 21/01/2021 al señor/a LLANOS MIGUEL ANGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 80123009 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-40671 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 19 KR 13. En la descripción del comportamiento se indica: “el sujeto en mencion es sorprendido por la policía en el ma uso del tapabocas sin cubrir boca y nariz completamente poniéndo en riesgo su salud y tercero bajo el decreto 21” (sic); Descargos: “porque le hablé a la señorita no mas”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490109669E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-530369
PRESUNTO INFRACTOR    LOAIZA RODRIGUEZ LUIS OSCAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80200015

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-530369, impuesto en contra del señor/a LOAIZA RODRIGUEZ LUIS OSCAR identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 530369 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 25/10/2020 al señor/a LOAIZA RODRIGUEZ LUIS OSCAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 80200015 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-530369 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CARRERA 2 CALLE 187A 30. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido en vía pública sin estar usando el tapabocas incumpliendo el decreto 207 del 21 septiembre del 2020.” (sic); Descargos: “manifiesta no dar descargos”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102366E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-63668
PRESUNTO INFRACTOR    LOPEZ LOPEZ RAMIRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    88308762

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-63668, impuesto en contra del señor/a LOPEZ LOPEZ RAMIRO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 63668 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 31/01/2021 al señor/a LOPEZ LOPEZ RAMIRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 88308762 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-63668 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 7 121. En la descripción del comportamiento se indica: “se encontró al ciudadano antes en mención sin justificación alguna incumpliendo el decreto 023 del 19/01/2021 emanado por la alcaldía mayor de Bogotá” (sic); Descargos: “no estoy de acuerdo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490103017E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-78064
PRESUNTO INFRACTOR    MARQUEZ BARRERO JOSE GABRIEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80410005

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-78064, impuesto en contra del señor/a MARQUEZ BARRERO JOSE GABRIEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 78064 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/02/2021 al señor/a MARQUEZ BARRERO JOSE GABRIEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 80410005 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-78064 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 3 CL 189 B. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública incumpliendo el decreto 039 del 14 de enero del año 2021 emanado por la alcaldía mayor de Bogotá.” (sic); Descargos: “guarda silencio”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490102156E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-52246
PRESUNTO INFRACTOR    MARTINEZ HERNANDEZ FREDY ALONSO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80109102

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-52246, impuesto en contra del señor/a MARTINEZ HERNANDEZ FREDY ALONSO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 52246 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 26/01/2021 al señor/a MARTINEZ HERNANDEZ FREDY ALONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80109102 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-52246 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 129 KR 9. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano Freddy Hernández incumple y desacata órden de policía notificada a través del decreto 021 del 15 de enero 2021,dónde se encuentra circulando por vía publica sin tapabocas y fumando marihuana y no esta realizando ni acredita ninguna de las actividades descritas como excepción, violando así el decreto antes mencionado” (sic); Descargos: “me disculpo se qué no estaba haciendo lo correcto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490103912E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-157962
PRESUNTO INFRACTOR    MARTINEZ REYES FRANCISCO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79045505

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-157962, impuesto en contra del señor/a MARTINEZ REYES FRANCISCO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 157962 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 24/03/2021 al señor/a MARTINEZ REYES FRANCISCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79045505 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-157962 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 14 B KR 78 D NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontraba en vía publica en el parque de la araña barrio visión Colombia localidad de Kennedy sin el uso del tapabocas sin ninguna justificación se le hace el llamado de atención a lo cual hace caso omiso y se le da aplicabilidad al código de convivencia y seguridad ciudadana ley 1801 y por violación al decreto 061 de la alcaldía mayor de Bogota” (sic); Descargos: “manifiesta que se le quedo en el trabajo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101996E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-45831
PRESUNTO INFRACTOR    MEJIA RIVERA JUAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000002645

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-45831, impuesto en contra del señor/a MEJIA RIVERA JUAN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 45831 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 23/01/2021 al señor/a MEJIA RIVERA JUAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000002645 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-45831 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 125 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano es sorprendido dentro del sistema de transporte masivo estacion calle 127 incumpliendo el decreto 023 del 19 de enero del 2021 , articulo 1, restricciones a la movilidad emanado por la alcaldia mayor de bogota, que rige desde el dia 22 de enero del 2021 hasta las 04 : 00 a.m. del dia 25 de enero del 2021 ,sin encontrarse dentro de las excepciones de dicho decreto.” (sic); Descargos: “no sabia”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490106492E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-270131
PRESUNTO INFRACTOR    MENDIVELSO SAMBONI ANDRES FELIPE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000695955

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-270131, impuesto en contra del señor/a MENDIVELSO SAMBONI ANDRES FELIPE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 270131 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 04/06/2021 al señor/a MENDIVELSO SAMBONI ANDRES FELIPE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000695955 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-270131 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 185 D KR 4. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano transita en via pùblica sin el uso del tapabocas” (sic); Descargos: “no habla”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101483E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-174474
PRESUNTO INFRACTOR    MESA DANIEL FELIPE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000573530

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-174474, impuesto en contra del señor/a MESA DANIEL FELIPE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 174474 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 28/05/2022 al señor/a MESA DANIEL FELIPE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000573530 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-174474 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 155B CARRERA 8BIS 12. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante laborws de patrulleje y llamado de la comunidad se encuentra al señor daniel felipe consumido bebidas alcoholicas incumpliendo el decreto 208 de 27 de mayor del presente año emanado por la alcaldia mayor de bogota” (sic); Descargos: “manifiesta que estaba con los compañeros”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490107253E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-336913
PRESUNTO INFRACTOR    MEZA CUELLAR YAN JARLEN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000064394

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-336913, impuesto en contra del señor/a MEZA CUELLAR YAN JARLEN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 336913 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 31/07/2021 al señor/a MEZA CUELLAR YAN JARLEN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000064394 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-336913 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE163AKRA12. En la descripción del comportamiento se indica: “el cuidado anterior mencionado se encontraba en ma vía pública sin el uso de los elementos de bioseguridad el tapabocas” (sic); Descargos: “seme perdio”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490103608E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-120401
PRESUNTO INFRACTOR    MOGOLLON MORA JESUS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80814943

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-120401, impuesto en contra del señor/a MOGOLLON MORA JESUS identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 120401 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 03/03/2021 al señor/a MOGOLLON MORA JESUS identificado con la cédula de ciudadanía No. 80814943 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-120401 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 144 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano no usa tapabocas en la estacion de transmilenio calle 142” (sic); Descargos: “no lo deja respirar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101749E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-203703
PRESUNTO INFRACTOR    MOLINA CASTAÑEDA JULIO ISRAEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80422645

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-203703, impuesto en contra del señor/a MOLINA CASTAÑEDA JULIO ISRAEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 203703 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/06/2022 al señor/a MOLINA CASTAÑEDA JULIO ISRAEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 80422645 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-203703 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KM 5 VI GUAVIO. En la descripción del comportamiento se indica: “se encuentra al señor en mencion al interior de un establecimiento sin razon social consumiendo bebidas embriagantes” (sic); Descargos: “yo venia entrando al establecimiento”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490111519E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-573606
PRESUNTO INFRACTOR    MOLINA VEGA FABIAN LEONARDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    76331177

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-573606, impuesto en contra del señor/a MOLINA VEGA FABIAN LEONARDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 573606 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 04/12/2020 al señor/a MOLINA VEGA FABIAN LEONARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 76331177 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-573606 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección DIAGONAL 48 CARRERA53A. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se sorprende en via publica transitando sin tapabocas” (sic); Descargos: “por que estoy en espacio abierto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101754E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-203858
PRESUNTO INFRACTOR    MONTALVO MONRROY RAQUEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    52695528

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-203858, impuesto en contra del señor/a MONTALVO MONRROY RAQUEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 203858 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/06/2022 al señor/a MONTALVO MONRROY RAQUEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 52695528 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-203858 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 164 A 9 57. En la descripción del comportamiento se indica: “se encuentra a la señora Raquel montalvo en bia publica consumiendo bebidas alcohólicas descartando el decreto 979 de la presidencia” (sic); Descargos: “es que me encuentro de paseo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490101768E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-277429
PRESUNTO INFRACTOR    MORENO HERNANDEZ ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79647838

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-277429, impuesto en contra del señor/a MORENO HERNANDEZ ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 277429 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 18/05/2020 al señor/a MORENO HERNANDEZ ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 79647838 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-277429 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 2 CON CARRERA 60. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mension se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública en compañía del señor Heber Hernán pulido corredor donde no se encuentra bajo ninguna de las excepciones previstas en el decreto 126” (sic); Descargos: “nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101012E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-125374
PRESUNTO INFRACTOR    MORENO ROMERO LUZ ANGELICA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    53117642

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-125374, impuesto en contra del señor/a MORENO ROMERO LUZ ANGELICA identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 125374 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 24/04/2022 al señor/a MORENO ROMERO LUZ ANGELICA identificado con la cédula de ciudadanía No. 53117642 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-125374 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 118 KR 22. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando las labores de patrullaje onservo a la ciudadana en mención consumiendo bebidas alcohólicas en el parque ubicado en la calle 118 carrera 22 donde le hice el primer llamado de atención donde hizo caso omizo y asi causando un desgaste policial de igual forma infringiendo el decreto 119 del 21/04/2022 de la alcaldía mayor de Bogota” (sic); Descargos: “estaba tomando por que el parque es publico”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490101842E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-158498
PRESUNTO INFRACTOR    MUNEVAR APONTE HENRY ALDEMAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79884304

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-158498, impuesto en contra del señor/a MUNEVAR APONTE HENRY ALDEMAR identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 158498 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27/03/2020 al señor/a MUNEVAR APONTE HENRY ALDEMAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 79884304 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-158498 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 151 G 142 C. En la descripción del comportamiento se indica: “mediante labores de patrullaje registro y control, y mediante la llamada de la ciudadanía se encontraba el ciudadano ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, desacatando el decreto 092 de la alcaldía mayor de bogota.” (sic); Descargos: “se le da a conocer el derecho que tiene de manifestar sus descargos a lo que manifiesta que acabo de llegar del trabajo y quería tomarse unas cervezas.”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la
 

celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490102743E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-177698
PRESUNTO INFRACTOR    MUÑOS PEREZ HECTOR ARMANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79621610

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-177698, impuesto en contra del señor/a MUÑOS PEREZ HECTOR ARMANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 177698 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 03/04/2020 al señor/a MUÑOS PEREZ HECTOR ARMANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79621610 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-177698 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AUTOPISTA NORTE CON 174. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano desconoce el decreto 092” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490101123E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-253515
PRESUNTO INFRACTOR    MURCIA MORENO ALVARO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000774323

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-253515, impuesto en contra del señor/a MURCIA MORENO ALVARO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 253515 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 07/05/2020 al señor/a MURCIA MORENO ALVARO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000774323 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-253515 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 10 CL 17. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra por la vía pública incumpliendo el decreto 593 al no estar dentro de las excepciones” (sic); Descargos: “estaba aburrido en mi casa y salí a dar una vuelta”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490101149E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-26786
PRESUNTO INFRACTOR    NAZARIT CAICEDO CHARLIE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000572351

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-26786, impuesto en contra del señor/a NAZARIT CAICEDO CHARLIE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 26786 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 15/01/2021 al señor/a NAZARIT CAICEDO CHARLIE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000572351 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-26786 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 4 C CL 192 B. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra en via publica sin causa justificada incumpliendo el decreto N° 007 del 04 de enero de 2021 de la alcadia mayor de bogota” (sic); Descargos: “sali a dar una vuelta y llego la policia”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490101932E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-224645
PRESUNTO INFRACTOR    NAZARIT CAICEDO IVAN RICARDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000572350

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-224645, impuesto en contra del señor/a NAZARIT CAICEDO IVAN RICARDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 224645 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06/07/2022 al señor/a NAZARIT CAICEDO IVAN RICARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000572350 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-224645 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 163 D KR 3 A. En la descripción del comportamiento se indica: “El día de hoy en momentos en que nos encontrábamos realizando planes preventivos y disuasivo mediante patrullajes sobre la jurisdicción los policiales que se encuentran en la dirección antes mencionada obtura el botón de pánico pidiendo apoyo al llegar el policial señor Patrullero Correa Gomez Santiago de CC N. 1045079890 quien se encuentra de servicio plan de vida observa el particular agredir asu compañera sentimental Yismar Serrano Rattia CC N. 33313374 expedida en Venezuela de edad 17 años y quien en el momento carga a una niña de 2 meses de edad el particular la agrede delante de los policías y el uniformado al darle una orden de policía este particular se porta grosero en contra de los uniformados y empieza a agredir los.” (sic); Descargos: “Manifiesta el ciudadano que estaba así porque su compañera sentimental sacó la niña al aire y al frío que por eso lo agrede y se enseguesio en contra de los uniformados”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
 

Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
 

comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490100529E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-11625
PRESUNTO INFRACTOR    ORTIZ RODRIGUEZ JHON JAIRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80130030

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-11625, impuesto en contra del señor/a ORTIZ RODRIGUEZ JHON JAIRO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 11625 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 09/01/2021 al señor/a ORTIZ RODRIGUEZ JHON JAIRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80130030 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-11625 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 174 CON AUTOPISTA NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuntra dentro del sistema de transmilenio incumpliendo el decreto numero 010 del 07 de enero del 2021 emanado por la alcaldia mayor de bogota sin justigicar causa y sin estar dentro de las exepciones de dicho decreto” (sic); Descargos: “no tenia conociminto del decreto”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490102209E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-251829
PRESUNTO INFRACTOR    OSPINA OBANDO BRANDON ALEXANDER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000572708

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-251829, impuesto en contra del señor/a OSPINA OBANDO BRANDON ALEXANDER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 251829 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 06/08/2022 al señor/a OSPINA OBANDO BRANDON ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000572708 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-251829 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 165 8A-43. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano en mención se encontraban en la calle 170 con cra 13 buscando riñas y se resistieron a una requisa y a presentar su debida identificación, se trasladan a la estación de policía de usaquen para realizar el comparendo” (sic); Descargos: “El ciudadano no manifiesta nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490101889E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-159157
PRESUNTO INFRACTOR    OSUNA MARTINEZ LUIS MIGUEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80811217

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-159157, impuesto en contra del señor/a OSUNA MARTINEZ LUIS MIGUEL identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 159157 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27/03/2020 al señor/a OSUNA MARTINEZ LUIS MIGUEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 80811217 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-159157 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 89 KR 14 SES. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentre de ambulando en vía pública infringiendo el decreto 092 del 24 de marzo de 2020 de la alcaldía mayor de bogota” (sic); Descargos: “no manifiesta nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105675E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-224538
PRESUNTO INFRACTOR    PACHON SOLER JUAN GUILLERMO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79749423

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-224538, impuesto en contra del señor/a PACHON SOLER JUAN GUILLERMO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 224538 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 30/04/2021 al señor/a PACHON SOLER JUAN GUILLERMO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79749423 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-224538 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección AU 166 NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano ingresa al sistema transmilenio violando el decreto 157 del 23 de abril del 2021” (sic); Descargos: “0”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490101844E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-157832
PRESUNTO INFRACTOR    PAEZ JORGE ENRIQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79288146

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-157832, impuesto en contra del señor/a PAEZ JORGE ENRIQUE identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 157832 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 27/03/2020 al señor/a PAEZ JORGE ENRIQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79288146 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-157832 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 134 KR 45. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano imcumple el decreto 092 de la alcaldia Mayor de Bogota” (sic); Descargos: “el ciudadano manifiesta que salio por un encargo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490105875E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-232642
PRESUNTO INFRACTOR    PAGUATIANO VARGAS JHON SEBASTIAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000573352

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-232642, impuesto en contra del señor/a PAGUATIANO VARGAS JHON SEBASTIAN identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 232642 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 08/05/2021 al señor/a PAGUATIANO VARGAS JHON SEBASTIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000573352 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-232642 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CALLE 163 CARRERA 20. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encontraba en vía pública desacatando el decreto espedido por la alcaldía mayor de Bogotá decreto 162 del 4 mayo 2021 al cual se encontraba deambulando en via pública sin justificación alguna” (sic); Descargos: “guarda silencio”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020514490103482E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-208295
PRESUNTO INFRACTOR    PARDO TORRES JHON FERNEY
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79806363

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-208295, impuesto en contra del señor/a PARDO TORRES JHON FERNEY identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 208295 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 16/04/2020 al señor/a PARDO TORRES JHON FERNEY identificado con la cédula de ciudadanía No. 79806363 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-208295 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 4 CL 6 SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “realizando labores de patrullaje se encuentra al ciudadano en vía publica sin tapabocas el cual manifiesta no tenerlo violando el decreto 106 y por las medidas de salubridad” (sic); Descargos: “estaba cansado de tenerlo”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490105051E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-395216
PRESUNTO INFRACTOR    PARRA ORTIZ FREDY ALONSO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79185571

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-395216, impuesto en contra del señor/a PARRA ORTIZ FREDY ALONSO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 395216 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/07/2020 al señor/a PARRA ORTIZ FREDY ALONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79185571 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-395216 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 135 KR 14 28 SUR. En la descripción del comportamiento se indica: “El ciudadano en mención se encontraba en vía pública incumpliendo el decreto 169 ambulando en vía pública.” (sic); Descargos: “Realizando unas compras”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2022513490102242E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2022-257754
PRESUNTO INFRACTOR    PEDROZA CASTAÑO KEVIN JAVIER
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    1000942699

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2022-257754, impuesto en contra del señor/a PEDROZA CASTAÑO KEVIN JAVIER identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022- 257754 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 11/08/2022 al señor/a PEDROZA CASTAÑO KEVIN JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000942699 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2022-257754 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 4 182 C. En la descripción del comportamiento se indica: “se le ordena a el ciudadano que detenga el vehículo a lo que se muestra desafiante adelantando el vehículo y aumentar su velocidad” (sic); Descargos: “ninguna”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490107835E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-495342
PRESUNTO INFRACTOR    PEREZ CHAPARRO CARLOS EDUARDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80270294

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-495342, impuesto en contra del señor/a PEREZ CHAPARRO CARLOS EDUARDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 495342 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/09/2020 al señor/a PEREZ CHAPARRO CARLOS EDUARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80270294 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-495342 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KR 8 F CL 162. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra infringiendo el decreto 193 del 26 de agosto 2020 de la alcaldía mayor de Bogota consumiendo bebidas embriagantes.” (sic); Descargos: “nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490107819E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-495203
PRESUNTO INFRACTOR    PINEDA AVILA JAVIER HERNANDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    79947235

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-495203, impuesto en contra del señor/a PINEDA AVILA JAVIER HERNANDO identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 495203 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 19/09/2020 al señor/a PINEDA AVILA JAVIER HERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79947235 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-495203 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 184 KR 8 35. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano en mención se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en vía pública incumpliendo el decreto de la alcaldía mayor de Bogotá 193 del 26 agosto 2020” (sic); Descargos: “manifiestar no de decir nada”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2021513490104574E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2021-189971
PRESUNTO INFRACTOR    PULIDO JOSE ANDRES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80820394

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2021-189971, impuesto en contra del señor/a PULIDO JOSE ANDRES identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021- 189971 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 12/04/2021 al señor/a PULIDO JOSE ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 80820394 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2021-189971 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección CL 134 AU NORTE. En la descripción del comportamiento se indica: “ciudadano se encuentra dentro de la estacion de transmilenio alcala incumpliendo el decreto 135 del 05 abrio del año en curso no se encuentra dentro de las exepciones” (sic); Descargos: “voy para una cita”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para
 

resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado
 

“(..)Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (lo subrayado y resaltado en negrilla no lo es en el texto)

Así las cosas, dando aplicación a los principios3 señalados en la Ley 1801 de 2016, y en correlación con lo que establece la citada corporación judicial frente a estos sujetos de especial protección y respeto a los derechos humanos, no quedará más remedio que avalar los medios de policía utilizados y la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional, sin que esto conlleve a la imposición de la multa bajo estudio.

Por las razones esbozadas, este despacho resuelve no continuar con la presente actuación policiva, esto es, no iniciar Proceso Verbal Abreviado y por ende, no imponer Medida Correctiva de Multa, atendiendo a los principios constitucionales y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso del presunto infractor, puesto que igualmente no tendría la forma de notificarlo para iniciar el trámite que trata el articulo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana , al no tener una residencia fija y al no contar con los recursos para verificar las actuaciones surtidas por medio electrónico a través del micrositio oficial de la Secretaria de Gobierno

De conformidad con todo lo anterior, ordenar que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad en el sentido de ordenar el archivo definitivo del expediente y su correspondiente registro.

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCIÓN D-33 DISTRITAL DE POLICÍA, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: No continuar con el Proceso Verbal Abreviado y por ende, NO IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, con base en los argumentos esbozados en las motivaciones de la presente providencia.

3 Ley 1801 de 2016 Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

12. Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
 

SEGUNDO: Notificar a través del micrositio oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno la presente decisión, para que se surta la notificación correspondiente.

TERCERO: Disponer que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme con lo previsto en el numeral 4º del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016.

CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriada la presente decisión, se ordena el archivo del presente expediente.

QUINTO: Para efectos del numeral anterior, se ordena que el auxiliar administrativo que apoya este despacho, realice todos los registros de las actuaciones correspondientes incluida ésta, en el Sistema de Procesos Policivos implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., (ARCO), con la finalidad de que también se enlace la información con el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), con base en las instrucciones que han impartido sobre el asunto los Directores de Gestión Policiva y de Tecnologías de la Información de la Entidad.

CUMPLASE,

4

ASTRID MADELEINE SEPÚLVEDA CRUZ
INSPECTORA DE POLICIA-D-33

4 Firma mecánica autorizada, de conformidad a la Resolución 095 del 28-09-2021 del director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
 

“Auto por medio del cual se resuelve no dar inicio al proceso verbal abreviado”

Expediente No. 2020513490106065E

Bogotá, D. C., marzo 9 de dos mil veintitrés (2023).

EXPEDIENTE DE POLICIA    11-001-6-2020-448115
PRESUNTO INFRACTOR    QUINTERO OCAMPO FARLE DAVID
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION    80882249

TEMA    COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES
COMPORTAMIENTO    INCUMPLIR, DESACATAR, DESCONOCER E IMPEDIR LA FUNCION O LA ORDEN DE POLICIA
NORMA QUE DESCRIBE EL
COMPORTAMIENTO    
ARTICULO 35 NUMERAL 02
MEDIDA CORRECTIVA SEÑALADA    MULTA GENERAL TIPO 4. PARTICIPACION EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA

ASUNTO A TRATAR:

El expediente del asunto es asignado por el Área de Gestión Policiva, en virtud del reparto realizado mediante el aplicativo ARCO, respecto del contenido del comparendo No 2 expediente de policía No 11- 001-6-2020-448115, impuesto en contra del señor/a QUINTERO OCAMPO FARLE DAVID identificado/a como se señaló precedentemente, con el fin de que se decida lo que en derecho corresponda, para lo cual se procede, previa las siguientes consideraciones,

1.    SOBRE LA COMPETENCIA

El artículo 178 de la Ley 1801 de 2016, establece que les corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, facultando entre otro a los inspectores de policía para este fin.

Así mismo, dentro de sus atribuciones, tienen establecido el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, entre otras y por ende, sobre los medios y la medida correctiva impuestos por el personal uniformado de la Policía Nacional, así como la viabilidad de iniciar o no Proceso Verbal Abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en la Resolución 157 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Por su parte el Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9° que los inspectores de policía deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” (negrillas fuera de texto)
 

Así las cosas, es claro que la presente inspección de policía D-33, tiene competencia para conocer y decidir en el presente proceso.

2.    ANTECEDENTES

El asunto bajo examen se origina con ocasión del comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020- 448115 impuesto y suscrito por agente uniformado de la Policía Nacional en la fecha del 17/08/2020 al señor/a QUINTERO OCAMPO FARLE DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 80882249 por presuntamente cometer un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016,

Por lo anterior mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, se avoca conocimiento de los hechos para los fines pertinentes.

3.    PRUEBAS

Se tienen como pruebas los anexos e información contenida en la orden de comparendo 2 expediente de policía No 11-001-6-2020-448115 por evidenciarse un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, el suscrita por el (la) uniformado (a) del policía, en la dirección KM 4.6 VIA CALERA. En la descripción del comportamiento se indica: “el ciudadano se encuentra consumiendo bebidas embriagantes” (sic); Descargos: “estaba en una reunión familiar”. Medidas correctivas: Multa General Tipo 4 de competencia del inspector de policía y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia de competencia del comandante de Estación, Subestación, CAI, Personal Uniformando Ponal. Recurso de Apelación: “no”, quien tuvo presuntamente conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, particularmente el señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016

4.    CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Comportamiento contrario objeto de análisis:

Artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, que determina:

“(..) Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:
Numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
Medida Correctiva a aplicar: Numeral 2. Multa General Tipo 4. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia(..)”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, se tiene que son principios orientadores del procedimiento único de policía la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe, aunado a que la acción de policía es un mecanismo para resolver ante la autoridad competente un conflicto de convivencia, mediante un proceso verbal tendiente a garantizarla y conservarla.
 

La actividad de policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas conforme a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los Uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, siendo esta, como lo determina la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), una labor estrictamente material y no jurídica, cuya finalidad consiste en preservar la convivencia y restablecer los comportamientos que la alteren.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Así la cosas, este derecho constitucional tiene como objetivo que toda actuación judicial o administrativa, se realice respetando los derechos que le asisten a la persona para que se logre la aplicación correcta de la justicia.

El Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que, dentro de las atribuciones de los Inspectores de Policía, está, la de imponer medida correctiva de Multa y por ende también le corresponde conocer de la actuación policiva que nos ocupa, motivo por el cual este despacho procede a realizar el estudio pertinente, respecto a la viabilidad o no de iniciar Proceso Verbal Abreviado y de la imposición de la Medida Correctiva de Multa, señalada en el comparendo, objeto de decisión.

4.1. Del caso en concreto

Es del caso precisar que el comportamiento ejecutado, si bien es reprochable a la luz de las disposiciones contentivas en el del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también lo es, que una vez analizado el material probatorio y en aras de emitir una decisión justa, razonable y proporcional de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 81 de la norma policiva, se pudo verificar a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, que el presunto infractor ostentaba una situación especial como asistente a programas que ofrece la entidad en cita, por su situación de habitante de calle o en riesgo, asunto que constituye un eximente frente a la imposición de multas pecuniarias, pues dadas sus circunstancias económicas se presume su incapacidad para cumplir con esta clase de obligaciones, sumado a que son personas en condición de vulnerabilidad manifiesta ante los riesgos y peligros que implica vivir en la calle, al estar inmersos en dicha coyuntura social, que afecta constantemente sus derechos fundamentales.

Es así que, la honorable Corte Constitucional igualmente lo establece, al considerar en su sentencia de constitucionalidad que los habitantes de calle son “sujetos de especial protección: son miembros de la comunidad que se encuentran desfavorecidos por la distribución de los recursos económicos y marginados de la vida social, lo que les genera condiciones de vida que atentan contra su dignidad2.(lo subrayado en negrilla no lo es en el texto)

En tal sentido, también lo indica el artículo 13 de la carta constitucional donde se señala:

1 Ley 1801 del 2016. “Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:
12.    Proporcionalidad y Razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
13.    Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”.
2 C-61/21 Magistrada Ponente. Gloria Stella Ortiz Delgado